Abogados especialistas en derecho penal y en el delito de daños en Palma

Los daños son la destrucción total o parcial, o el deterioro de bienes materiales. Para el Código penal «tiene esta condición todo objeto material susceptible de merecer una valoración económica»; por lo tanto, no estamos ante la traslación pura de conceptos extrapenales. En el capítulo IX del título XIII figuran parte de los delitos de daños, pero no la totalidad de las destrucciones dolosas que castiga el Código penal. Se tienen que recordar los delitos de estragos (art. 346 CP) y los de incendio (art. 351 y sig. CP), unos y otros regulados en el título XVII CP. Integran este capítulo: 263 a 267.

El tipo básico o residual de daños

Este es el descrito en el artículo 263.1, que es aplicable «residualmente», es decir, si no es preferente la aplicación de cualquiera de los otros daños descritos después. Dice el artículo:

«1) El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño.

Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

2) Se debe castigar con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses a quien cause daños expresados en el apartado anterior, si concurre alguno de los supuestos siguientes:

1. Que se hagan para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, tanto si se comete el delito contra funcionarios públicos o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las leyes o disposiciones generales.

2. Que se cause por cualquier medio una infección o contagio de ganado.
3. Que se utilicen sustancias venenosas o corrosivas.
4. Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.
5. Que arruinen al perjudicado o lo coloquen en una grave situación económica».

Por «causar daños» se ha de entender cualquier deterioro, menoscabo o destrucción que sea económicamente evaluable. En este punto no se puede incluir el llamado valor moral o de afección, que, en cambio, sí que puede ser significativo para la responsabilidad civil ex delicto. No hace falta ninguna forma necesaria de la acción, que por supuesto tiene que ser dolosa, si bien puede ser suficiente el dolo eventual.

Extendido el objeto del dolo a la totalidad del tipo, se deduce que el autor tiene que ser consciente de la alienidad. Es decir, que la cosa tiene un propietario, sea un particular o una administración o ente público y, por lo tanto, que no se trata de cosas abandonadas. Incluso las cosas comunes pueden ser objeto apto de este delito en la parte que corresponda a los otros copropietarios.

La base de determinación de la pena y su comparación con otros delitos

El precepto señala el criterio de la condición económica de la víctima como orientación que tienen que seguir los tribunales de acuerdo con el marco penal señalado en el delito. Pero esta valoración presupone que dentro del dolo haya habido un conocimiento, cuando menos aproximado, de esta condición económica, puesto que así se deriva de la garantía general que establece el artículo 5 CP.

La cantidad de 400 euros es, de nuevo, la frontera entre el delito y el delito leve de daños, que se castiga con multa. El legislador continúa manteniendo en el CP los daños de escasa cuantía, en contra del principio de intervención mínima.

Los daños cualificados

La reforma 5/2010 trasladó a este artículo como número 2 los daños cualificados. Se trata de una amplia gama de modalidades de daños dolosos siguiendo, a veces, criterios extraídos del medio utilizado; otras veces, de la finalidad perseguida; otras, de la naturaleza o carácter del objeto material de la acción, y otras, finalmente, de las consecuencias económicas del delito.

Los daños de órdenes públicos o vengativos

El precepto se refiere a daños causados para impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, sobre bienes de funcionarios o de particulares, que como testigos o de otro modo hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las leyes

Esta cualificación chocará con otros delitos y por eso es importante no olvidar que, ante todo, se trata de daños cometidos sobre el patrimonio de personas físicas, sean funcionarios o particulares. A partir de aquí, la cualificación se basa en motivos o finalidades cercanos a otros delitos que a su vez también recogen la causación de daños; ante todo, el de desórdenes públicos del artículo 557 CP, que expresamente incluye la producción de «daños en propiedades». Este delito se diferencia de lo que estamos comentando en varias cosas:

  • los autores son necesariamente un grupo;
  • en segundo lugar, la finalidad tiene que será tentar contra la paz pública y el orden público, y
  • en tercer lugar, las propiedades afectadas son indeterminadas, lo cual no significa que no tengan propietario, sino simplemente que no se eligen por una razón concreta.

Por lo tanto, respecto de este delito, la relación es de especialidad favorable al de daños cualificados si la causa es la expresada en el tipo, que además tiene señalada una pena más alta. Por otra parte, nada obsta, y si están presentes los elementos de los dos, al hecho de que se puedan cometer los dos delitos a la vez, y también es posible entrar en el ámbito del terrorismo, si esta es la finalidad real (art. 574, en relación con el art. 571 CP).

En segundo término, se produce una relativa coincidencia con lo que dispone el artículo 464.2 CP, que expresamente incluye ataques a bienes hechos en venganza de la actuación de partes, imputados, denunciantes, abogados, procuradores, peritos, intérpretes o testigos. El artículo 462 CP advierte que la pena prevista se impone sin perjuicio de la correspondiente a la infracción cometida, pero evidentemente no se puede aplicar la pena correspondiente a los daños cualificados, puesto que en este caso un mismo elemento o hecho (el móvil de venganza por la actuación en la aplicación del derecho) sería valorado dos veces, con infracción del límite non bis in idem. Por lo tanto, se habrá de aplicar la norma del artículo 462.2 CP por evidentes razones de especialidad, en concurso con daños no cualificados (los del art. 263 CP).

Los daños por infección o contagio de ganado

Esta cualificación, además de recordar que los animales son objeto apto para el delito de daños, se inspira a la vez en el medio (transmisor de infección) y en que se produzca este efecto de contagio que, implícitamente, comporta la pérdida del ganado.

Si este ganado está destinado al consumo humano, cosa que es frecuente, se tiene que recordar lo que dispone el artículo 364.2 CP, que es un delito de riesgo para la salud pública; cuando el ganado infectado o contagiado esté destinado al consumo, y esta infección comporte un peligro, se ha de apreciar un concurso (real) de delitos entre los daños y la introducción en el mercado, salvo que esta introducción la haya causado «el propietario del ganado infectado y responsable de la infección», que no comete delito de daños.

El concepto de ganado se ha de interpretar sin seguir estrictamente criterios idiomáticos, puesto que, si se hace, quedarían fuera las aves de granja, o se consideraría sin motivo que su infección es solo constitutiva de daños comunes.

Los daños por veneno o sustancias corrosivas

En esta cualificación es determinante el medio utilizado, y es indiferente el objeto (animales, plantaciones, objetos susceptibles de ser dañados por medio de sustancias corrosivas). Pero en todo caso, y especialmente por lo que respecta al veneno, se debe recordar, por ser algo especial respecto de este artículo, lo que dispone el artículo 336 CP, dentro de los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna.

Los daños a bienes de dominio público

Amplia es la relación de bienes afectados por esta cualificación, que incluye, en principio, desde los bienes del patrimonio histórico-artístico hasta el mobiliario urbano o los árboles de las montañas comunales. Tan amplia gama de objetos se ve, sin embargo, limitada por la preferente aplicación de otros preceptos (arts. 265 CP y 321 CP, específicamente dedicados a los daños en el patrimonio histórico-artístico inmobiliario). Además, los delitos relativos a la flora y fauna también son preferentes respecto de los mencionados –a título de ejemplo– bienes comunales. En suma, esta cualificación es subsidiaria de cualquier otra tipificación especial de estas destrucciones.

Los daños ruinosos para el perjudicado

La última cualificación no es exclusiva del delito de daños, sino que también se establece en los hurtos, robos y en las defraudaciones. Esta agravación específica no ha merecido nunca críticas, pero se tiene que recordar que el autor ha tenido que saber o poder saber que esta consecuencia se podía producir, ya que no se trata de una responsabilidad objetiva.

Comments are closed.