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El DERECHO PENAL es la ciencia que estudia el conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como infracciones (delitos graves; delitos menos graves y delitos leves) y dispone la aplicación de sanciones (penas y medidas de seguridad) a quienes lo cometen.
El Derecho penal tiene aparejado el principio de última ratio, es decir se debe recurrir en última instancia cuando todos los demás medios de solución han fracasado, al ser el medio de control más drástico que existe en el sistema jurídico español.
La principal garantía penal dice que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración.
El hecho de encontrarse involucrado en la comisión de un delito, ya como víctima, o ya sea como acusado, supone siempre una situación desagradable pues afecta a los bienes más fundamentales de la persona.
Es por esa razón que en el Derecho Penal, estamos en una de las materias que necesita con mayor razón, el asesoramiento de especialistas, que asuman la defensa de tales bienes y derechos y representen y defiendan a los interesados ante los Tribunales de Justicia, mediante Derecho Penal.
El Derecho Penal engloba delitos de la más variada índole, son quizá los delitos contra las personas (homicidios, asesinatos, agresiones sexuales, lesiones, malos tratos, etc) los que producen una mayor atención social y los que van acompañados de situaciones personales más delicadas, pero también nos afectan dentro del Derecho Penal muy directamente, los delitos relacionados con el patrimonio (hurtos, robos, estafas…), que dañan nuestra esfera económica y con ello también nuestras vidas.
Podemos destacar;
• Delitos económicos: apropiación indebida, administración desleal, estafa, falsificaciones, delitos societarios, blanqueo de capitales, insolvencia punible, etc.
• Delitos contra la persona: lesiones, homicidio, asesinato, etc.
• Delitos de tráfico: alcoholemias, exceso de velocidad, conducción sin carné, desobediencia a la autoridad, conducción temeraria y omisión del deber de socorro.
• Delitos contra el patrimonio: robo, hurto, receptación, daños, defraudaciones, etc.
• Delitos contra la salud pública: tráfico de estupefacientes.
• Delitos administrativos y políticos: cohecho, prevaricación, urbanísticos, tráfico de influencias, malversación, fraudes, negociaciones prohibidas, corrupción e infidelidad en custodia de documentos.
• Delitos contra la hacienda pública: delito fiscal.
• Delitos de violencia doméstica: violencia en el ámbito familiar, violencia de género, malos tratos.
• Delitos contra el medio ambiente y urbanísticos: contra la ordenación del territorio.
• Delitos contra la libertad: detención ilegal, secuestro, amenazas, coacciones, tortura y contra la integridad moral.
• Delitos contra el honor: calumnia e injuria.
• Delitos contra la seguridad social y contra los derechos de los trabajadores.
• Delitos contra la libertad sexual: agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual, etc.
• Delitos contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de morada.
• Delitos contra los derechos y deberes familiares: abandono de familia, impago de pensiones, sustracción de menores, etc.
• Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
• Delitos contra los extranjeros.
• Delitos contra el patrimonio histórico.
• Delitos de incendios.
• Delitos contra la administración de justicia: prevaricación, encubrimiento, acusación y denuncias falsas, simulación de delitos, falso testimonio, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional, quebrantamiento de condena.
• Delitos contra la Constitución: contra las instituciones de Estado, contra los derechos fundamentales y libertades públicas, cometidos por funcionarios.
• Delitos contra el orden público: atentados contra la autoridad, resistencia y desobediencia, tenencia ilícita de armas, tráfico y depósito de armas.
• Otros delitos: usurpación de estado civil, de funciones públicas, intrusismo.
• Delitos informáticos.
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