Abogado especialista en el delito de intrusismo profesional en Palma de Mallorca

ĀæNecesita un abogado en Palma de Mallorca especialista en el delito de intrusismo profesional?

Ā Con la modificacioĢn del CoĢdigo Penal por la LO 1/2015 el DELITO DE INTRUSISMO PROFESIONAL estaĢ regulado en el Art. 403 que castiga al ā€œque ejercite propios de una profesioĢn sin poseer el correspondiente titulo acadeĢmico expedido o reconocido en EspanĢƒa de acuerdo con la legislacioĢn vigenteā€ y solventa la poleĢmica habida en su precedente -relativa a la diferenciacioĢn entre tiĢtulo acadeĢmico y tiĢtulo oficial- . El nuevo artĆ­culo 403 CP dice:

ArtĆ­culo 403

1. El que ejerciere actos propios de una profesiĆ³n sin poseer el correspondiente tĆ­tulo acadĆ©mico expedido o reconocido en EspaƱa de acuerdo con la legislaciĆ³n vigente, incurrirĆ” en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un tĆ­tulo oficial que acredite la capacitaciĆ³n necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesiĆ³n de dicho tĆ­tulo, se impondrĆ” la pena de multa de seis a doce meses.

2. Se impondrĆ” una pena de prisiĆ³n de seis meses a dos aƱos si concurriese alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si el culpable, ademĆ”s, se atribuyese pĆŗblicamente la cualidad de profesional amparada por el tĆ­tulo referido.
b) Si el culpable ejerciere los actos a los que se refiere el apartado anterior en un local o establecimiento abierto al pĆŗblico en el que se anunciare la prestaciĆ³n de servicios propios de aquella profesiĆ³n.

SeguĢn el Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de marzo de 2015, el vigente coĢdigo penal distingue cuatro situaciones de menor a mayor importancia:

ā€œa) La atribucioĢn de cualidad profesional amparada en tiĢtulo acadeĢmico, sin poseerlo y sin ejercer actos de esa profesioĢn -se trata de la falta del art. 637-.

b) El ejercicio de actos propios de una profesioĢn sin poseer el correspondiente tiĢtulo oficial, que integra el tipo atenuado o privilegiado de delito Ā«que tantos problemas ocasionaĀ» en palabras de la STS 454/2003 de 28 de marzo (RJ 2003, 2693) con cita de la de 12 de noviembre de 2001 (RJ 2001, 9508).

c) El ejercicio de actos propios de una profesioĢn sin poseer el correspondiente tiĢtulo acadeĢmico que constituye el tipo baĢsico, se trata de una novedad del actual texto, ya que antes no se diferenciaba entre tiĢtulo acadeĢmico y tiĢtulo oficial pudieĢndose entender por tiĢtulo acadeĢmico el que se exige tras cursar estudios conforme a la legislacioĢn del Estado en centros oficiales o reconocidos, sea de diplomatura, licenciatura o doctorado, y por tiĢtulo oficial el expedido tambieĢn por el Estado en virtud de norma interna o por Convenio Internacional ratificado por EspanĢƒa, y por tanto derecho vigente seguĢn el art. 96 de la CE (RCL 1978, 2836), tiĢtulo oficial que debe acreditar la capacitacioĢn necesaria del titular y habilitar para el ejercicio de una profesioĢn.

d) El ejercicio de actos propios de una profesioĢn unido a la atribucioĢn puĢblica de la cualidad de profesional amparado por tiĢtulo que habilite para el ejercicio, que constituye el tipo agravadoā€.

Aunque existen diversos criterios acerca del bien juriĢdico protegido en el delito de intrusismo, el Tribunal Supremo destaca, en su sentencia de 23 de marzo de 2005 (RJ 2005/4309), fundamento de derecho segundo que la nueva perspectiva que nos ofrece el nuevo coĢdigo penal sobre este delito ā€œnos permite contornear el bien juriĢdico protegido que se concreta en dos oĢrdenes de intereĢs:

a) el del puĢblico en general a quien van dirigidos los actos a realizar por el agente sin tiĢtulo, protegiendo a la colectividad de los eventuales danĢƒos de una praxis inhaĢbil o ignorante, lo que equivale a conceptuar este delito como de peligro Ā«peligros que su ejercicio genera para otras personas o bienes cuyo control depende de especiales conocimientos y capacidades que el tiĢtulo acreditaĀ» ā€“ STS de 20 de julio de 1993 (RJ 1993, 6417) ā€“ y

b) protege tambieĢn el intereĢs corporativo de un determinado grupo de profesionales, tanto en defensa de sus competencias y derechos morales sobre el prestigio y buen hacer de la profesioĢn, como en los patrimoniales que pudieran quedar afectados por una competencia desleal y la invasioĢn en su esfera econoĢmica por terceros no pertenecientes al colectivo profesional afectado (…) de ambas perspectivas, debe prevalecer la primera en la medida de la superior naturaleza que existe en proteger el intereĢs colectivo de que ciertas profesiones soĢlo la ejerzan aquellas personas que estaĢn debidamente capacitadas por la AdministracioĢn PuĢblica en atencioĢn a la superior naturaleza de los bienes juriĢdicos que pueden quedar afectados por los actos propios de tales profesiones: vida, integridad corporal, libertad y seguridad, etc. Por ello, ya la STS de 5 de febrero de 1993 (RJ 1993, 877) declaroĢ que el fin de este delito no es la defensa de unos intereses de grupos corporativos, de lo que cuestionariĢa su proteccioĢn penal desde el principio de miĢnima intervencioĢn, sino maĢs bien, el intereĢs puĢblico que exige que ciertas actividades soĢlo sean ejercitadas por quienes ostentan la debida capacitacioĢn….ā€.

El TIPO BAĢSICO se encuentra en el apartado primero del Art. 403 consistente en el ejercicio de actos propios de una profesioĢn sin poseer el correspondiente tiĢtulo acadeĢmico expedido o reconocido en EspanĢƒa de acuerdo con la legislacioĢn vigente. De tal modo que el sujeto activo puede ser cualquiera que no posea el tiĢtulo acadeĢmico correspondiente al cargo que ejerce y el sujeto pasivo, por lo tanto, es el Estado.
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 12 de noviembre (RJ 2001/19508) junto con la de 23 de marzo de 2005 ya citada anteriormente, ha introducido en su fundamento de derecho segundo los requisitos de esta conducta tiĢpica: ā€œQue el art. 403 del CoĢdigo Penal de 1995 dispone que el que ejerciere actos propios de una profesioĢn. Sin poseer el correspondiente tiĢtulo acadeĢmico expedido o reconocido en EspanĢƒa de acuerdo con la legislacioĢn vigente incurriraĢ en la pena de multa de seis a doce mesesā€. ā€œLa conducta nuclear se veĢrtebra por dos notas: una positiva: el ejercicio de actos propios de profesioĢn, y otra negativa: carecer de tiĢtulo habilitante. La conjuncioĢn de estos dos elementos perfecciona el delito que es de mera actividad, no exigiendo para la consumacioĢn resultado perjudicial para los intereses del sujeto pasivo del actoā€.

Se expone la necesidad de acudir a la normativa extrapenal en la sentencia 283/2006, de 9 de octubre (RTS 2006/283) del Tribunal Supremo, que en su fundamento cuarto afirma que ā€œla normativa extrapenal aplicada para integrar el tipo legal del delito de instrumento no es el Real Decreto 139/2003, sino el 127/1984ā€ y maĢs especiĢficamente la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2005 (RJ 2005/4309) al senĢƒalar que ā€œpor ā€œacto propioā€ debe entenderse aquel o aquellos que forman parte de la actividad profesional amparado por el blanco que debe ser completado con normas extrapenal es, generalmente pertenecientes al orden administrativo y que estaĢn directamente relacionados con la esencia del quehacer profesional de la actividad concernida.ā€ SSTS de 18 de mayo de 1979 (RJ 1979, 2091), 22 de abril de 1980 (RJ 1980, 1468), 27 de abril de 1989 (RJ 1989, 3549), 30 de abril de 1994 (RJ 1994, 3321) y 41/2002 de 22 de enero (RJ 2002, 2630)

ĀæExiste justificacioĢn? SeguĢn apunta SERRANO GOĢMEZ/ SERRANO MAIĢLLO cabe en casos de urgencia, por ejemplo, en los que ante la dificultad de encontrar un profesional sanitario o acudir a un centro se realiza cualquier actividad propia del medico o enfermero.
ĀæCabe imprudencia? No, estamos ante un delito doloso. En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de GuipuĢzcoa 228/2008, de 23 de septiembre (JUR 2009/14007), en la que en su fundamento de derecho tercero afirma que ā€œlos requisitos del delito de intrusismo imputado y tipificado en el art. 403 del CoĢdigo penal se reducen a los siguientes:

  1. Ā El ejercicio de actos propios de una profesioĢn sin poseer el correspondiente tiĢtulo habilitador.
  2. Ā La asuncioĢn de la profesioĢn, que tanto puede hacerse oralmente o por la viĢa de hecho.
  3. Ā El conocimiento de la antijuridicidad de los actos practicados.
  4. Ā La conciencia y voluntad del sujeto con respecto a su irregular actuacioĢn.

Al tratarse de un delito de mera actividad se consuma en el momento en que se realiza el acto propio de la profesioĢn usurpada. Con esta perspectiva, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2005 afirma que ā€œhay que anĢƒadir que la accioĢn tiĢpica ya viene descrita en plural ā€œactos propiosā€, por lo que no se necesita una reiteracioĢn de actos basta uno solo, pero si son varios los actos no existe una continuidad delictiva sino un solo delito de ejercicio de actos propios de una profesioĢn se estaĢ en presencia de un plural descriptivo que se reconduce a la unidad delictiva como ocurre con el Art. 368 ā€œlos que ejecuten actosā€ ā€“ SSTS de 29 de septiembre de 2000 (RJ 2000, 8478), 2066/2001 de 12 de noviembre (RJ 2001, 9508) y 41/2002 de 22 de enero (RJ 2002, 2630)ā€. De este modo, se presenta muy compleja la posibilidad de admitir la tentativa, salvo la inacabada como podriĢa ser el caso de que antes de realizar el acto propio de la profesioĢn el sujeto sea interrumpido por una intervencioĢn policial.

Cabe por otro lado, el error de prohibicioĢn para el caso en que el sujeto crea erroĢneamente que tiene derecho a ejercer determinados actos de la profesioĢn sin titulacioĢn.

En lo que respecta a la autoriĢa, son admisibles la induccioĢn, la cooperacioĢn necesaria y la complicidad.

En cuanto a los concursos las posibilidades son muĢltiples: Cuando, ademaĢs de la conducta intrusa, se producen danĢƒos materiales o la lesioĢn de la vida o la salud a consecuencia de la ejecucioĢn de los actos propios de una profesioĢn, en dicho caso se puede plantear el correspondiente concurso de delitos entre el intrusismo y las infracciones contra la vida o la salud o contra el patrimonio.
Cuando se perciben honorarios por el indebido ejercicio de la profesioĢn no cabe plantear la aplicacioĢn concursal con estafa siempre que dichas cantidades entren dentro de los liĢmites admisibles como lucro profesional y se preste adecuada, aunque iliĢcitamente, el servicio. La percepcioĢn de honorarios es un acto propio maĢs de los realizados por el sujeto y que el conjunto de estos se castiga como una uĢnica infraccioĢn, no habiendo pues concurso de delitos. No obstante, otro sector doctrinal suele mencionar como hipoĢtesis concursal con estafa los casos en los que se cobran por el intruso cantidades muy superiores a las que corresponden por el servicio prestado. En este sentido debe mencionarse la sentencia 295/96, de 3 de marzo de 1997, (RJ 1997\2608) que estima que dado que el cobro de honorarios por el intrusista viene a ser una consecuencia loĢgica del ejercicio de los actos indebidos, los mismos no pueden dar vida al delito de estafa, aunque matiza que Ā«situacioĢn distinta seriĢa la que se presentase en el caso de que el acusado hubiese obtenido un lucro adicional y al margen del cobro de los honorarios debidos por los actos meĢdicos que realizoĢĀ»; lo cual ocurre, por ejemplo, en la Sentencia 407/2005, de 23 de marzo (RJ 2005/4309), que castiga por un delito de estafa porque, ademaĢs de la loĢgica remuneracioĢn de los actos meĢdicos, hubo otros pagos que fueron hechos mediante un enganĢƒo precedente.

Se aplica el TIPO ATENUADO para el caso en que la actividad profesional desarrollada exija un tiĢtulo oficial que acredite la capacitacioĢn necesaria y habilite legalmente para su ejercicio y no se estuviere en posesioĢn de dicho tiĢtulo. Aparece en el segundo inciso del apartado primero del Art. 403 CP que se fundamenta por la existencia de un menor contenido de injusto y que se diferencia del tipo baĢsico en el caraĢcter del tiĢtulo, ya que mientras que para el tipo atenuado se requiere que el mismo sea oficial, para el supuesto baĢsico habraĢ de ser acadeĢmico. AsiĢ, destaca la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2001 que ha matizado en relacioĢn con este tipo atenuado:

a) Que ha de restringirse su aplicacioĢn a supuestos en que el intrusismo se produzca en profesiones que requieran una especial capacitacioĢn de la que dependen bienes juriĢdicos de la maĢxima relevancia constitucional, como la vida, la integridad, la libertad y la seguridad;

b) que debe excluirse respecto de aquellas profesiones sobre las que ya se haya pronunciado el Tribunal Constitucional, en el sentido de afirmar que no se observa en ellas un intereĢs esencial que en el juicio de proporcionalidad la haga merecer la tutela penal;

c) que se debe interpretar el precepto atendiendo esencialmente al bien juriĢdico protegido. Pronunciamientos, que sin desconocer los problemas exegeĢticos del precepto, con muy buen criterio optan, como no puede ser de otra forma, por una exeĢgesis restrictiva y lo maĢs respetuosa posible con la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional.

Y, por uĢltimo, el paĢrrafo segundo del Art. 403 recoge la MODALIDAD CUALIFICADA para aquellos supuestos en los que ademaĢs el sujeto pasivo se atribuya puĢblicamente la cualidad de profesional amparada por el tiĢtulo oficial. En el caso de que el sujeto se asigne personalmente la cualidad profesional, sin ejercitar actos propios de la misma, no estaremos en el tipo delictivo del 403, sino, en el caso de los tiĢtulos acadeĢmicos, en la falta del Art. 637 CP, limitada a la atribucioĢn puĢblica de la cualidad profesional amparada por un tiĢtulo acadeĢmico. Esta falta es subsidiaria del delito de intrusismo del art. 403, tipificaĢndose aquiĢ, la mera atribucioĢn puĢblica e indebida, sin tiĢtulo, de una cualidad profesional. La SSTS nuĢm. 201/2012, de 20 de marzo, (RJ 2012/5309) ha afirmado que ā€œla absolucioĢn en el delito de intrusismo viene dada porque el tribunal no ha declarado probado que, pese a la atribucioĢn de la profesioĢn de abogado, el acusado realizara actos profesionales de los Letrados, defendiendo intereses encomendados en la jurisdiccioĢn, por lo que es absuelto del delito de instrusismo, sin perjuicio de la subsuncioĢn en la falta del art. 637 del CoĢdigoā€.

Si quiere ponerse en contacto con los abogados especialistas en derecho penal y en concreto del delito de instrusismo profesional puede hacerlo desde aquĆ­.

Comments are closed.