Abogados especialistas en expropiaciones forzosas en Mallorca

Haremos un breve anƔlisis sobre las expropiaciones forzosas. AnƔlisis realizado por nuestro abogado experto en expropiaciones de Palma de Mallorca.

Marco normativo y la regulaciĆ³n legal de la potestad expropiatoria.Ā 

Dicha regulacioĢn se encuentra recogida en diferentes textos legales. AdemaĢs, no existe una regulacioĢn exclusiva y general de la EF. Siendo los principales referentes juriĢdicos los que se detallan a continuacioĢn:
ā€¢ De la ConstitucioĢn EspanĢƒola art. 33.3 CE y el artiĢculo 149.1.18.a), eĢste uĢltimo reserva al Estado la competencia legislativa para regular esta materia.
ā€¢ Ley de ExpropiacioĢn Forzosa de 16 de diciembre de 1954. Desarrollada, por el RD de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de ExpropiacioĢn Forzosa.
ā€¢ Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo, en el que se indican los criterios de valoracioĢn, a efectos expropiatorios.
ā€¢ LegislacioĢn respectiva de cada una de las CCAA.
ā€¢ Ante la no aplicacioĢn de norma especiĢfica, se recurriraĢ como modo supletorio a la aplicacioĢn de la LEF y su respectivo Reglamento.

Cabe resaltar que la EF nace como un instrumento de caraĢcter excepcional que permite limitar la titularidad del derecho constitucional de propiedad, pero que se apoya en un triple sistema garantista:
I) Se requiere que se presente una clara necesidad puĢblica.
II) Cualquier expropiacioĢn debe estar legitimada por una ley.
III) Tiene caraĢcter preceptivo la fijacioĢn y el pago de una justa indemnizacioĢn, con caraĢcter previo a la ocupacioĢn del bien digno de expropiacioĢn, siempre que no sea con caraĢcter de urgencia.

Con la ConstitucioĢn EspanĢƒola de 1978 se viene reconociendo expresamente el derecho a la propiedad privada (art. 33.1 CE), pero introduciendo tambieĢn su funcioĢn social (art. 33.2 CE). En lo que ahora nos interesa, se establece una prohibicioĢn constitucional de confiscacioĢn de bienes y derechos, de modo que su privacioĢn uĢnicamente es posible en determinados supuestos y con determinadas garantiĢas:
ā€œNadie podraĢ ser privado de sus bienes o derechos sino por causa justificada de utilidad puĢblica o intereĢs social, mediante la correspondiente indemnizacioĢn y de conformidad con lo dispuesto por las Leyesā€ (art. 33.3 CE).
La legislacioĢn espanĢƒola en esta materia se ha mantenido fiel a dicha concepcioĢn, que se mantiene plenamente fijada en la LEF, auĢn vigente, y el Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de ExpropiacioĢn Forzosa.
En cuanto a su fundamento, se encuentra sencillamente, en la necesidad de primar los intereses generales sobre los particulares. Una vez reconocida esta subordinacioĢn, la restante normativa estaĢ dirigida a asegurar el menor perjuicio al particular que resulte afectado, a traveĢs de:

I) La existencia de garantiĢas.
II) La delimitacioĢn de las causas y de los titulares de la potestad expropiatoria.
III) Mediante la indemnizacioĢn.

Todo ello debe enjuiciarse sobre el contenido esencial del derecho de propiedad, y de los principios de proporcionalidad y confianza legiĢtima.

Ejercicio de la potestad expropiatoria. ĀæAdministraciĆ³n central o autonĆ³mica?Ā 

El TC ha considerado que no se excluye por completo la intervencioĢn normativa de las CCAA para esta materia. En este sentido, seguĢn la doctrina establecida en la STC 37/1987 (sobre la reforma agraria en AndaluciĢa en que reconocioĢ la legitimidad en este punto de la Ley autonoĢmica), y reiterada en otras posteriores. La ConstitucioĢn atribuye al Estado la competencia exclusiva en su dimensioĢn de garantiĢa de los derechos e intereses econoĢmicos privados, para regular los criterios y sistema de valoracioĢn del justiprecio, asiĢ como del procedimiento expropiatorio, para impedir que ā€œlos bienes objeto de expropiacioĢn puedan ser valorados con criterios diferentes en unas partes y otras partes del territorio y que se prive a cualquier ciudadano de alguna de las garantiĢas que comporta el procedimiento expropiatorioā€, mientras que las normas autonoĢmicas pueden determinar los casos o supuestos en que procede aplicar la EF, determinando la causa expropiandi necesaria en materias o sectores de su competencia.
Asimismo, las CCAA pueden regular los aspectos organizativos de la expropiacioĢn y otros aspectos secundarios del procedimiento expropiatorio.

El TC distingue dentro de la regulacioĢn de la EF dos aĢmbitos:

I) Las normas encaminadas a garantizar los derechos de los expropiados que siĢ es competencia exclusiva y plena estatal.
II) Las normas que tutelan los intereses puĢblicos que seraĢn competencia de la AdministracioĢn expropiante.

El Gobierno no soĢlo seriĢa competente para dictar Leyes en sentido formal sobre EF, sino que tambieĢn lo seriĢa para dictar todo tipo de reglamentos. En cambio, no tendriĢa competencias de caraĢcter ejecutivo en relacioĢn con la EF en aquellas materias en que las CCAA hubieran asumido competencias sectoriales. Todo ello sin perjuicio de las competencias ejecutivas del Gobierno en las materias sectoriales que le corresponden.

En esos teĢrminos a las CCAA soĢlo les quedaraĢ la competencia puramente ejecutiva o de ejercicio de la potestad expropiatoria en aquellos sectores de la actividad puĢblica en que hubieran asumido las competencias correspondientes, reconocidas por sus Estatutos, de acuerdo con el artiĢculo 148 o 149.3 de nuestra ConstitucioĢn de 1978.

AsiĢ que, la fijacioĢn de los teĢrminos y condiciones de la apreciacioĢn y la determinacioĢn legislativa de los supuestos de utilidad puĢblica o intereĢs social en cada materia se vinculan con la competencia sectorial correspondiente. PonieĢndose asiĢ la necesidad de expropiar o privar a alguien de su propiedad, bienes o derechos, porque se considere que hay un fin de intereĢs general que lo justifique.

Elementos de la potestad expropiatoria: Sujetos, Objeto y Causa.Ā 

El reĢgimen juriĢdico de la EF se ordena sobre una serie de elementos sustanciales. AsiĢ que, podriĢan distinguirse los siguientes:

1. Elemento subjetivo: sujeto expropiante.

Los sujetos de la EF son:
ā€¢ La AdministracioĢn expropiadora (expropiante).
ā€¢ La persona expropiada (expropiado).
ā€¢ La persona beneficiada por la expropiacioĢn (beneficiario).
El sujeto que realiza la EF es el expropiante, que es el titular de la potestad administrativa. A todo ello y ante esta definicioĢn, la cuestioĢn maĢs importante que uno se hace o se plantea es la determinacioĢn de quien puede ser expropiante.
Dentro de las distintas Administraciones puĢblicas (territoriales e institucionales), se atribuye la titularidad de esta potestad soĢlo a las Administraciones territoriales. Se entiende por eĢstas las CCAA y la de las Entidades Locales, las cuales son mencionadas expresamente en la ley, por lo que fuera de dichos supuestos, nadie maĢs puede ejercer los poderes de expropiacioĢn.

1.1 OĢrganos competentes del sujeto expropiante: el ejercicio de la competencia.

Los oĢrganos que dentro de cada una de dichas Administraciones ejercen dicha potestad, son:

I) Estado, debemos observar lo que regula la LEF. En el mismo articulado, concretamente en su artiĢculo 18 estableciĢa que correspondiĢa al Gobernador civil adoptar el acuerdo de necesidad de ocupacioĢn que inicia, propiamente el expediente expropiatorio. Aunque desde la aprobacioĢn de la LOFAGE tal competencia corresponde de acuerdo con su artiĢculo 23.7, salvo que norma especial disponga cosa distinta, a los Delegados del Gobierno en las CCAA.

II) Las CCAA y las Entidades Locales, debemos tener en cuenta que la LRBRL, indica en los artiĢculos 21 y ss para los municipios y 33 y ss para las Diputaciones, cuales son las competencias de ambos oĢrganos (Alcaldes y/o los Plenos). Al respecto, si no se establece nada viĢa normas especiales o sectoriales, la competencia corresponde a los Alcaldes y Presidentes de Diputaciones. Como se ve la potestad expropiatoria se acerca al territorio en el que se supone que radican los bienes y derechos objeto de EF, siquiera ello sea a costa de desconcentrar la competencia sectorial que corresponde a los Departamentos ministeriales en un oĢrgano de aĢmbito territorial limitado como es el Delegado del Gobierno.

1.2 Sujeto expropiante, seguĢn tipo de expropiacioĢn.

La atribucioĢn de esta potestad a determinados Entes de las Administraciones puĢblicas nos lleva a diferenciar este tipo de EF de caraĢcter administrativo, de aquellas otras figuras afines derivadas de la actuacioĢn de otros poderes puĢblicos.
Debemos discernir entre la ExpropiacioĢn Legislativa y la ExpropiacioĢn Judicial.
La primera es la Ley en siĢ que prepara y organiza todo el proceso expropiatorio de unos y otros bienes y/o derechos, fijando en concreto la causa expropiandi, el objeto y las reglas especiales que haya para el desarrollo del proceso completo.

AsiĢ que la utilizacioĢn de dicha teĢcnica expropiatoria seraĢ completamente aceptable de conformidad con el principio fundamental y constitucional de IGUALDAD, siempre que:
ā€¢ Responda a una situacioĢn excepcional y singular.
ā€¢ Se respeten las demaĢs garantiĢas establecidas por el art. 33.3 CE, esencialmente, la existencia de una finalidad de utilidad puĢblica o intereĢs social y el pago de la correspondiente indemnizacioĢn.

Por lo que respecta a las Expropiaciones Judiciales, es cuando mediante la resolucioĢn de un Juez, eĢste priva al propietario de un bien o derecho para que eĢste condone una deuda dineraria con un acreedor, sin posibilidad de recibir indemnizacioĢn alguna por la privacioĢn de dicho bien y/o derecho.

2. Elemento subjetivo: Beneficiario.

EĢste es el sujeto en cuyo favor se realiza la expropiacioĢn, y obligados al pago del justiprecio. SeguĢn lo define el artiĢculo 3.1 REF, es:
ā€œel sujeto que representa el intereĢs puĢblico o social para cuya realizacioĢn estaĢ autorizado a instar a la AdministracioĢn expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria y que adquiere el bien o derecho expropiado.ā€
Dicha capacidad de instar el ejercicio de la potestad expropiatoria no significa que el beneficiario sea titular de ella, sino que en al poseer un tiĢtulo previo se le ha reconocido una posicioĢn que le permite no ejercer la potestad, sino instarla. Para ello se debe justificar la procedencia legal de la expropiacioĢn y la condicioĢn de beneficiario. El que debe actuar no es el beneficiario, sino la AdministracioĢn competente.
Y, si no lo hace, habraĢ consecuencias en la relacioĢn juriĢdica de la que se deriva la mencionada capacidad de instar el ejercicio de la potestad expropiatoria.
Normalmente, el beneficiario de la EF coincide con el expropiante. Esto es, la AdministracioĢn titular de la potestad administrativa expropia un bien o derecho para siĢ misma.

Asimismo, se puede dar y es posible que no coincidan las dos posiciones subjetivas: el expropiante expropia en beneficio de otro sujeto distinto.
Para determinar los sujetos que pueden ocupar esta posicioĢn, la LEF diferencia entre:

I) Expropiaciones que se fundamentan en razones de utilidad puĢblica.
II) Y aquellos que se fundamentan en motivos de intereĢs social.

Todo lo referente al beneficiario queda regulado en la LEF, concretamente en el artiĢculo 5 de su Reglamento que la desarrolla, fijando los derechos y obligaciones de aquel.

3. Elemento subjetivo: Expropiado

La condicioĢn de expropiado, seguĢn desprendemos del artiĢculo 3.1 de la REF, corresponde al titular propietario de los bienes, derechos o intereses patrimoniales los cuales seraĢn objeto de EF.
Se trata de una situacioĢn por razoĢn de la cosa susceptible de EF. Como tal, reuĢne la condicioĢn de interesado en el procedimiento expropiatorio y, especialmente, es quien dispone del derecho a percibir la indemnizacioĢn correspondiente. En cuanto sean titulares de bienes o derechos susceptibles de expropiacioĢn todos ellos quedan sujetos a la potestad expropiatoria.

Como vemos, se trata de un concepto amplio de expropiado, que viene determinado no por una situacioĢn personal sino por su relacioĢn con el objeto de la expropiacioĢn. Por lo que cualquier persona, puĢblica o privada pueden ostentar esta condicioĢn. Es frecuente la necesidad que una AdministracioĢn adquiera bienes de otra y que sea resuelto mediante convenio. Asimismo, cabe la subrogacioĢn para esta posicioĢn: es una cualidad en que se subroga cualquier persona que adquiera este objeto con posterioridad al inicio del procedimiento expropiatorio (art. 7 LEF).
La determinacioĢn de la persona concreta que debe considerarse como expropiado no siempre resulta faĢcil. Salvo prueba en contrario, la AdministracioĢn consideraraĢ como titular o propietario del bien o derecho objeto de expropiacioĢn a quien conste con este caraĢcter en los registros puĢblicos que produzcan presuncioĢn de titularidad, especialmente, el Registro de la Propiedad.
El Ministerio Fiscal tiene su posicioĢn dentro de una EF, pero no como expropiado, sino como representante de los desconocidos o ilocalizables o no presentes en el procedimiento, que sean titulares de bienes o derechos o bien por cuenta de los menores o incapacitados que no tengan completada su capacidad (art. 5.1 LEF)., para garantizar sus derechos.

4. SituacioĢn de sujecioĢn en el ejercicio de la potestad expropiatoria.

Los ciudadanos que tienen bienes o derechos susceptibles de eventual EF se encuentran en situacioĢn de sujecioĢn. Esto es, no estaĢn obligados a nada, soĢlo estaĢn sujetos al eventual ejercicio de la potestad expropiatoria.
La situacioĢn de eventual sujecioĢn se transforma en situacioĢn real, de sometimiento al ejercicio efectivo de dicha potestad expropiatoria con el acuerdo de necesidad de ocupacioĢn. Y la obligacioĢn final de entregar los bienes o derechos, soĢlo surgiraĢ cuando se completen las sucesivas fases del procedimiento expropiatorio, tras la adopcioĢn del acuerdo de inicio.

5 Objeto de la expropiacioĢn forzosa.

El artiĢculo 1.1 de la LEF indica literalmente que pueden ser objeto de la potestad expropiatoria:
ā€œla propiedad privada […], derechos e intereses patrimoniales legiĢtimos, cualesquiera que fueran las personas o entidades a las que pertenezcan.ā€
De dicho precepto se estima que, a diferencia de la concepcioĢn tradicional en que la expropiacioĢn operaba uĢnicamente sobre determinados bienes inmuebles, la LEF ha ampliado notablemente el objeto de la EF. De modo que eĢsta ya no supone solamente una privacioĢn, total o parcial, del derecho de propiedad, sino que cualquier situacioĢn juriĢdica que tenga contenido patrimonial, quedando, efectivamente, al margen, por lo tanto, los derechos de naturaleza no patrimonial.
El bien expropiado se adquiere libre de cargas (art. 8 LEF). Si existiere alguĢn derecho compatible con el destino del bien, puede mantenerse previo acuerdo con el expropiante y el titular del derecho. En caso contrario, las cargas se convierten en derechos sobre el justiprecio. Si no existe acuerdo entre los distintos titulares sobre la distribucioĢn del justiprecio, la AdministracioĢn consignaraĢ la cantidad global hasta la resolucioĢn de las discrepancias.

6. Causa expropiandi.

Se trata del motivo o finalidad que legitima, desde el punto de vista de la AdministracioĢn expropiante, el apoderamiento de un bien o derecho. Mientras que desde la posicioĢn del expropiado, es la peĢrdida de un bien o derecho de su titularidad.
Toda actividad expropiatoria debe vincularse necesariamente al cumplimiento de una determinada finalidad de intereĢs puĢblico.
La propia ConstitucioĢn asiĢ lo establece expresamente, al prever que la EF deberaĢ ejercerse solamente
ā€œpor causa justificada de utilidad puĢblica o intereĢs socialĀ» (art. 33.3 CE)ā€.
SeguĢn disponen los artiĢculos 10,12 y 13 de la LEF, la forma de declaracioĢn maĢs habitual es mediante una ley geneĢrica que manifieste las causas mencionadas que legitiman la EF de bienes inmuebles o de categoriĢas especiales de bienes muebles. Mientras que la declaracioĢn por ley singular, prevista tambieĢn en la misma LEF, concretamente en los artiĢculos 11 y 12, es un modo excepcional en la praĢctica.
Apuntar que la utilidad puĢblica se entiende impliĢcita en todos los planes de obras y servicios de las diferentes Administraciones territoriales, a efectos de expropiar inmuebles afectados por los mismos. Esta consideracioĢn se deduce del artiĢculo 10 de la LEF.
La distincioĢn entre los diferentes tiĢtulos legitimadores de la expropiacioĢn, utilidad puĢblica, por una parte, e intereĢs social, por el otro, no estaĢ suficientemente delimitada.

Procedimiento expropiatorio: Fases y actuaciones administrativas.Ā 

Para promover juriĢdicamente la institucioĢn expropiatoria que implica la transmisioĢn imperativa de una propiedad y para hacer efectiva en favor del particular la justa indemnizacioĢn correspondiente, es obligado arbitrar un procedimiento legal.
Tal y como preveĢ el art. 33.3 de la ConstitucioĢn, la potestad expropiatoria debe ejercerse en la forma prevista por las leyes y a traveĢs de un procedimiento formal estricto. En consecuencia, el procedimiento se erige en una garantiĢa de caraĢcter constitucional de los derechos del expropiado.
ā€œNadie podraĢ ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad puĢblica o intereĢs social, mediante la correspondiente indemnizacioĢn y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.ā€

La regulacioĢn estaĢ detallada en el TiĢtulo II de la LEF, articulaĢndose en tres fases. Pero para el inicio del mismo es necesario que se deĢ un presupuesto. Esto es, la declaracioĢn de utilidad puĢblica o intereĢs social.

1. Presupuesto necesario: causa expropiandi

Es el presupuesto necesario para la autorizacioĢn y legitimacioĢn de la expropiacioĢn. Es decir, un requisito previo para ejercer esta potestad administrativa y poner en marcha aqueĢl (arts. 9ā€13 LEF).
ā€œArtiĢculo 9. Para proceder a la expropiacioĢn forzosa seraĢ indispensable la previa declaracioĢn de utilidad puĢblica o intereĢs social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.
ArtiĢculo 10. La utilidad puĢblica se entiende impliĢcita, en relacioĢn con la expropiacioĢn de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. En los demaĢs casos en que por ley se haya declarado geneĢricamente la utilidad puĢblica, su reconocimiento en cada caso concreto deberaĢ hacerse por acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que para categoriĢas determinadas de obras, servicios o concesiones las Leyes que las regulan hubieren dispuesto otra cosa.
ArtiĢculo 11. En todos los casos no previstos en el artiĢculo anterior y relativos a bienes inmuebles, siempre que no se trate de los que con arreglo a esta Ley se regulan por disposicioĢn especial, la declaracioĢn de utilidad puĢblica deberaĢ hacerse mediante Ley aprobada en Cortes.

ArtiĢculo 12. Respecto a los bienes muebles, la utilidad puĢblica habraĢ de ser declarada expresa y singularmente mediante Ley en cada caso, a no ser que esta u otra Ley hayan autorizado la expropiacioĢn para una categoriĢa especial de bienes, en cuyo supuesto bastaraĢ el acuerdo del Consejo de Ministros.
ArtiĢculo 13. El intereĢs social determinante de transmisiones forzosas de cosas o derechos, a los fines especiĢficos de los artiĢculos 30 y 31 del Fuero de los EspanĢƒoles, se sujetaraĢ, en cuanto a su declaracioĢn, al mismo procedimiento previsto en el artiĢculo anterior .ā€

La meritada Ley articula la forma que ha de efectuarse la declaracioĢn:

I) Que se declare de forma singular por una Ley.
II) El artiĢculo 10, descrito en el ordinal anterior, permite la posibilidad de declararla geneĢricamente por Ley.
III) La LEF establece la posibilidad de declarar impliĢcitamente la utilidad puĢblica en relacioĢn con la EF de los inmuebles incluidos en todos los planes de obras y servicios del Estado, provincia y municipio, asiĢ como de las CCAA. Esta uĢltima opcioĢn se ha convertido hoy en diĢa en la forma de declaracioĢn maĢs habitual. Por lo que, normalmente, en estos casos se consume tambieĢn la necesidad de ocupacioĢn en este acto y, en ocasiones, la declaracioĢn de urgencia de la expropiacioĢn.

2. Acuerdo de necesidad de ocupacioĢn

Una vez declarada la utilidad puĢblica o el intereĢs social de la expropiacioĢn, es necesario proceder a determinar la necesidad de ocupar unos u otros bienes tal y como se predispone en la LEF:
ā€œla necesidad de ocupar los bienes que sean estrictamente indispensables para en fin de la expropiacioĢnĀ» (art. 15 LEF).ā€
El objetivo de esta fase es identificar los bienes y derechos que deben EF, para cumplir con el fin de utilidad puĢblica o intereĢs social.Los traĢmites especiĢficos que deben realizarse para llevar a cabo la declaracioĢn de necesidad de ocupacioĢn se preveĢn, con caraĢcter general, en los arts. 17 a 21 LEF. Asimismo, arts. 15ā€24 REF.

ā€œArtiĢculo 15. Declarada la utilidad puĢblica o el intereĢs social, la AdministracioĢn resolveraĢ sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiacioĢn. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros podraĢn incluirse tambieĢn entre los bienes de necesaria ocupacioĢn los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obra o finalidad de que se trate.

ArtiĢculo 16. Cuando se trate de expropiar bienes de la Iglesia, se observaraĢ el reĢgimen establecido al efecto en el Concordato vigente, ajustaĢndose en lo demaĢs a lo preceptuado en esta Ley.

ArtiĢculo 17. 1. A los efectos del artiĢculo 15, el beneficiario de la expropiacioĢn estaraĢ obligado a formular una relacioĢn concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material y juriĢdico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiacioĢn.
2. Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripcioĢn material detallada a que se refiere el paĢrrafo anterior, la necesidad de ocupacioĢn se entenderaĢ impliĢcita en la aprobacioĢn del proyecto, pero el beneficiario estaraĢ igualmente obligado a formular la mencionada relacioĢn a los solos efectos de la determinacioĢn de los interesados.

ArtiĢculo 18. 1. Recibida la relacioĢn senĢƒalada en el artiĢculo anterior, el Gobernador civil abriraĢ informacioĢn puĢblica durante un plazo de quince diĢas.
TeĢngase en cuenta que los Gobernadores Civiles han sido suprimidos por la Ley 6/1997, 14 abril, de OrganizacioĢn y Funcionamiento de la AdministracioĢn General del Estado (Ā«B.O.E.Ā» 15 abril), asumiendo los Delegados del Gobierno las competencias que la legislacioĢn vigente les atribuiĢa.

Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relacioĢn habraĢ de publicarse en el Ā«BoletiĢn Oficial del EstadoĀ» y en el de la provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulacioĢn de la provincia, si lo hubiere, comunicaĢndose ademaĢs a los Ayuntamientos en cuyo teĢrmino radique la cosa a expropiar para que la fijen en el tabloĢn de anuncios.
ArtiĢculo 19. 1. Cualquier persona podraĢ aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relacioĢn publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupacioĢn. En este caso indicaraĢ los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupacioĢn de otros bienes o la adquisicioĢn de otros derechos distintos y no comprendidos en la relacioĢn, como maĢs conveniente al fin que se persigue.

En el caso previsto en el paĢrrafo 2 del artiĢculo 17, cualquier persona podraĢ formular alegaciones, a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relacioĢn.
ArtiĢculo 20. A la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la informacioĢn puĢblica, el Gobernador civil, previas las comprobaciones que estime oportunas, resolveraĢ, en el plazo maĢximo de veinte diĢas, sobre la necesidad de la ocupacioĢn, describiendo en la resolucioĢn detalladamente los bienes y derechos a que afecta la expropiacioĢn, y designando nominalmente a los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos traĢmites. SoĢlo tendraĢn la condicioĢn de interesados a estos efectos las personas definidas en los artiĢculos 3.o y 4.o.
ArtiĢculo 21. 1. El acuerdo de necesidad de ocupacioĢn inicia el expediente expropiatorio.
2. Dicho acuerdo se publicaraĢ en igual forma que la prevista en el artiĢculo 18 para el acto por el que se ordene la apertura de la informacioĢn puĢblica.
3. AdemaĢs habraĢ de notificarse individualmente a cuantas personas aparezcan como interesadas en el procedimiento expropiatorio, si bien en la exclusiva parte que pueda afectarlas.
ArtiĢculo 22. 1. Contra el acuerdo de necesidad de ocupacioĢn se daraĢ recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente, que podraĢn interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio, asiĢ como las personas que hubieran comparecido en la informacioĢn puĢblica.

El plazo para la interposicioĢn del recurso seraĢ el de diez diĢas, a contar desde la notificacioĢn personal o desde la publicacioĢn en los Ā«Boletines OficialesĀ», seguĢn los casos.

El recurso habraĢ de resolverse en el plazo de veinte diĢas. La interposicioĢn del recurso de alzada surtiraĢ efectos suspensivos hasta tanto se dicte la resolucioĢn expresa. Contra la orden ministerial resolutoria del recurso no cabraĢ reclamar en la viĢa contencioso-administrativa.

ArtiĢculo 23. Cuando la expropiacioĢn implique soĢlo la necesidad de ocupacioĢn de un parte de finca ruĢstica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aqueĢlla resulte antieconoĢmica para el propietario la conservacioĢn de la parte de finca no expropiada, podraĢ eĢste solicitar de la AdministracioĢn que dicha expropiacioĢn comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de diez diĢas. Dicha resolucioĢn es susceptible del recurso de alzada previsto en el artiĢculo anterior, y no se daraĢ el recurso contencioso-administrativo, estaĢndose a lo dispuesto en el artiĢculo 46.ā€
Si la EF parcial de una finca ruĢstica o urbana u otro bien, resulta para el propietario un efecto antieconoĢmico el mantener la parte restante, puede solicitar a la AdministracioĢn la expropiacioĢn de la totalidad (art. 23 LEF). Para este caso, si la AdministracioĢn por razoĢn de intereĢs puĢblico, rechaza la expropiacioĢn total, deberaĢ indemnizar por el demeĢrito o perjuicio que le ocasione, incrementando el justiprecio en la cuantiĢa que proceda (art. 46 LEF).

3. Justiprecio: naturaleza y valoracioĢn.

El requisito de la declaracioĢn de necesidad de ocupacioĢn da paso a la siguiente fase del procedimiento se centra en determinar el valor de dichos bienes o derechos, denominado tradicionalmente ā€œjustiprecioā€.
La fijacioĢn de eĢste se configura como una garantiĢa patrimonial de caraĢcter constitucional para los particulares afectados (art. 33.3 CE). La privacioĢn de los bienes o derechos que implica la EF debe compensarse necesariamente mediante la obtencioĢn de su equivalente econoĢmico.
Tanto la doctrina y la jurisprudencia estudiada senĢƒalan que la fijacioĢn del justiprecio debe ser: equitativa, razonable y proporcional a la peĢrdida patrimonial sufrida por el sujeto expropiado.
El teĢrmino “mediante” elimina la obligacioĢn de su entrega previa (art. 33 CE), en el procedimiento ordinario la valoracioĢn y pago se hacen antes de la ocupacioĢn. No obstante, hay excepciones al previo pago: requisas, ocupacioĢn temporal, expropiacioĢn urgente (en la praĢctica, la habitual, ahora tenemos como ejemplo SFM en el tramo Inca- Manacor).

4. Criterios de valoracioĢn.

El momento de la valoracioĢn se produce al inicio del expediente del justiprecio (29.1 y 36.1 LEF, 30 REF).

a) Criterios especiĢficos:

Ā· Inmuebles (arts. 21ā€30 TRLS 2008+Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoracioĢn de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras).
Ā· Derechos incorporales (art. 40 LEF).
Ā· Concesiones administrativas, salvo legislacioĢn especial (art. 41 LEF).
Ā· Derechos reales sobre inmuebles (art. 42 LEF: valor fiscal a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio).
Ā· Arrendamientos urbanos y ruĢsticos (art. 44 LEF, con remisioĢn a la legislacioĢn arrendaticia).

b) Criterio de correccioĢn.

Ā· Principio de equivalente econoĢmico e incluso “valor de sustitucioĢn”.
Ā· Art. 43 LEF: cuando los criterios anteriores no lleven al ā€œvalor realā€, podraĢ realizarse la valoracioĢn conforme a criterios estimativos que se estimen maĢs adecuados, en busca del valor real del bien.
c) Premio de ā€œafeccioĢnā€: art. 47 LEF y art. 26 REF, incremento del 5% de la valoracioĢn, 20% en las expropiaciones agrarias para concentraciones parcelarias.
d) Otros derechos e intereses incluidos en la valoracioĢn:
Ā· Mejoras realizadas con posterioridad al inicio del expediente de justiprecio,
cuando sean necesarias para la conservacioĢn de la cosa (36.2 LEF);
Ā· Cosechas pendientes o labores agriĢcolas ya realizadas (45 LEF);
Ā· Perjuicios provocados por la divisioĢn o expropiacioĢn parcial de la finca (46 LEF).

5. Procedimientos para determinar el justiprecio

La normativa sobre EF establece una prelacioĢn de dos formas de determinacioĢn del justiprecio: una primera fase de caraĢcter de mutuo acuerdo entre las partes, y una segunda, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, de caraĢcter contradictorio ante el Jurado Provincial de ExpropiacioĢn.

6. FijacioĢn contradictoria del justiprecio.

Si en el plazo de 15 diĢas previsto por la LEF las partes no llegaren a un acuerdo sobre el justiprecio, la AdministracioĢn deberaĢ iniciar un procedimiento contradictorio para su determinacioĢn. Por tanto, se trata de un inicio de oficio, sin perjuicio de la facultad de los interesados de solicitar expresamente la misma.
5.6.1 ĀæCoĢmo se ordena el procedimiento contradictorio?
El artiĢculo 26 de la LEF exige abrir un expediente separado para cada uno de los propietarios de los bienes o derechos expropiables, para que, en el plazo de veinte diĢas, presenten su ā€œhoja de aprecioā€ en la que, de forma motivada, concreten su estimacioĢn sobre el valor del objeto que se expropia, y si lo desean, con el aval de un informe pericial. Se produce un cruce de hojas de aprecio (art. 29 LEF). Esta hoja vincula a quien la formula. Por tanto, no podraĢ solicitar posteriormente una cantidad superior y fija el liĢmite maĢximo de la indemnizacioĢn que puede acordar el Jurado de ExpropiacioĢn.
ā€œArtiĢculo 29. 1. En cada uno de los expedientes asiĢ formados la AdministracioĢn requeriraĢ a los propietarios para que en el plazo de veinte diĢas, a contar desde el siguiente al de la notificacioĢn, presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes.
2. La valoracioĢn habraĢ de ser forzosamente motivada y podraĢ estar avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios habraĢn de acomodarse a las tarifas que apruebe la AdministracioĢn, siendo siempre estos gastos de cuenta de los propietarios.ā€
La AdministracioĢn expropiante o, en su caso, el beneficiario, deberaĢn aceptar o rechazar la hoja de aprecio presentada (30 LEF y 5.2.4 y 25 y ss. REF).
I) Si la acepta, quedaraĢ fijado asiĢ definitivamente el justiprecio.
II) En caso contrario, en virtud del rechazo, deberaĢ formular su propia hoja de aprecio, que deberaĢ notificarse al expropiado.
III) Si el expropiado rechaza la valoracioĢn realizada por la AdministracioĢn o el beneficiario, el expediente de determinacioĢn del justiprecio pasa directamente al Jurado Provincial de ExpropiacioĢn (art. 31 LEF).

ā€œArtiĢculo 31. Si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la AdministracioĢn, se pasaraĢ el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de ExpropiacioĢn.ā€
5.6.2 Jurado provincial de expropiacioĢn y la fijacioĢn contradictoria del justiprecio
El Jurado Provincial de ExpropiacioĢn, oĢrgano administrativo creado por la LEF que lo configura como un ente de caraĢcter arbitral, no jurisdiccional, y de composicioĢn mixta. Lo preside un Magistrado, y se compone de cuatro vocales: dos designados por la AdministracioĢn PuĢblica y dos vocales que pretenden representar los intereses privados y sociales objeto de expropiacioĢn.
Para que el Jurado pueda constituirse deben estar presentes el Presidente y el Abogado del Estado o el funcionario teĢcnico y el notario o el representante corporativo.
Respecto a la impugnacioĢn de los acuerdos del Jurado:
ā€¢ Son Resoluciones que agotan la viĢa administrativa (35.2 LEF).
ā€¢ PresuncioĢn de acierto y oportunidad, dada su naturaleza arbitral (STC 136/1995, de 25 de septiembre) y su supuesta composicioĢn equilibrada.
ā€¢ RestriccioĢn de la impugnacioĢn a la lesioĢn (art. 126.2 LEF): inconstitucional seguĢn la Jurisprudencia del TSupremo.
ā€¢ Si impugnan el beneficiario o el expropiado, recurso de reposicioĢn potestativo y recurso contenciosoā€“administrativo ordinario.
ā€¢ Si impugna el expropiante y se trata de la AdministracioĢn del Estado, en la que se integra el Jurado, o alguna de las Administraciones autonoĢmicas que cuentan con Jurado propio, se trataraĢ de un acto administrativo de la propia AdministracioĢn y en consecuencia debe acudirse al procedimiento de lesividad del art. 103 Ley 30/1992.

7. Pago del justiprecio y la toma de posesioĢn

Una vez determinado el justiprecio, la fase final del procedimiento consiste en el pago de la cantidad que resulte y en la toma de posesioĢn del bien o derecho objeto de EF. La LEF establece que el pago del justiprecio deberaĢ realizarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su fijacioĢn administrativa, ya sea por mutuo acuerdo o por decisioĢn del Jurado Provincial (57 y 48 LEF y 73.1 REF).
En el transcurso de los seis meses sin que se haya efectuado el correspondiente pago supone, como una de las garantiĢas a favor del expropiado, el devengo de intereses de demora hasta el momento de su definitivo (tipo de intereĢs legal del dinero). Se convierte en parte integrante del justiprecio, por ello el intereĢs del 57 LEF se computa tambieĢn sobre el intereĢs del 56 LEF. Se liquidaraĢ con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido fijado, aplicaĢndose sobre el mismo desde el momento en que debioĢ determinarse. Por otra parte, y como segunda garantiĢa frente al perjuicio que le supone al expropiado recibir un dinero devaluado, la Ley permite que si entre la fijacioĢn del justiprecio por el Jurado y el pago o consignacioĢn del mismo pasan dos anĢƒos o maĢs, el expropiado puede solicitar la retasacioĢn y la AdministracioĢn debe realizarla (58 LEF y 74 REF): reinicia la fase de justiprecio.
En la propia solicitud de retasacioĢn el expropiado formula la nueva hoja de aprecio directamente al expresar la cantidad a la que aspira. Si el justiprecio es impugnado jurisdiccionalmente, se dilata la fecha efectiva de valoracioĢn, que siempre se refiere al momento de inicio de la fase de justiprecio, siendo el mecanismo de intereses de demora del 56 LEF insuficiente para resarcir la peĢrdida de valor de la indemnizacioĢn. Por ello, se hace necesario favorecer al expropiado. Una solucioĢn es la ā€œretasacioĢn internaā€ durante el proceso judicial.

7.1.ĀæCoĢmo se realiza el pago?

El pago se realizaraĢ mediante taloĢn nominativo al expropiado o por transferencia bancaria, los cuales no generaran ninguĢn tipo de gasto, impuesto o gravamen (art. 49 LEF). ExencioĢn tributaria (49 LEF), salvo para el impuesto de plusvaliĢa.
El artiĢculo 50 LEF permite exigir el pago provisional hasta el liĢmite de “conformidad” entre el expropiado y la ā€œAdministracioĢnā€.
En cuanto a las excepciones: pago ā€œen especieā€, en parcelas, ā€œde acuerdo con el expropiadoā€ suele admitirse en la legislacioĢn urbaniĢstica autonoĢmica.
Si el expropiado se negara a recibir el pago, la AdministracioĢn o el beneficiario deberaĢ consignar el importe en la Caja General de DepoĢsitos, a disposicioĢn de la autoridad o Tribunal competente (art. 50.1 LEF).
Una vez efectuado el pago, o consignado el justiprecio, puede procederse a ocupar el bien o ejercerse el derecho expropiado.
La ocupacioĢn se formaliza mediante el levantamiento de un acta, a la que se acompanĢƒaraĢn los justificantes de pago. Tanto la LEF como el citado Texto refundido de la Ley de Suelo preveĢn que esta acta seraĢ tiĢtulo suficiente para acceder al Registro de la Propiedad (art. 53 LEF).

Procedimiento expropiatorio urgente.

El artiĢculo 52 de la LEF de forma excepcional, aunque habitual en la praĢctica, dispone la EF urgente. Se ocupa antes de justipreciar (art. 56 y ss. REF), invirtiendo el procedimiento ordinario y quebrando el previo pago de la indemnizacioĢn. Se trata de declaraciones de urgencia en Reales Decretos geneĢricos, o en las leyes sectoriales o reguladoras de servicios de intereĢs general, Leyes de carreteras estatal y autonoĢmica; 54.1 Ley del Sector EleĢctrico 1997). Esta tipologiĢa es la maĢs habitual y utilizada en la actualidad, gracias a su agilidad burocraĢtica.
Los elementos principales de la regulacioĢn del procedimiento de URGENCIA, los encontramos en los artiĢculos 52 LEF y artiĢculos 56ā€59 y 60.3 REF:

El procedimiento de EF se inicia con la declaracioĢn de urgencia de la ocupacioĢn de aquellos bienes que seraĢn afectados, que, como hemos venido indicando a lo largo del presente trabajo, soĢlo puede ser declarada por ley o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de la correspondiente Comunidad AutoĢnoma (cuando la AdministracioĢn expropiante sea la autonoĢmica o local). SeguĢn el artiĢculo 52 LEF, con la declaracioĢn de urgencia se entenderaĢ cumplido el traĢmite de declaracioĢn de necesidad de ocupacioĢn de los bienes, lo que daraĢ derecho a su ocupacioĢn inmediata.
DeberaĢ comprender los siguientes requisitos y/o posibilidades:
ā€¢ ā€œretencioĢn de creĢditoā€, como partida presupuestaria suficiente para hacer frente al justiprecio y quedar bloqueada hasta su liquidacioĢn definitiva.
ā€¢ Para un proyecto o finalidad determinada y sus rectificaciones posteriores.
ā€¢ CaraĢcter motivado.
ā€¢ Existe la posibilidad de hacer alegaciones para corregir la
identificacioĢn de los bienes o su titularidad.
ā€¢ Es recurrible ante la jurisdiccioĢn contenciosoā€“administrativa.
6.1 Acta previa a la ocupacioĢn
El acta previa, normalmente, tras reunioĢn con el titular expropiado, se llevaraĢ a cabo de la siguiente sucinta manera:
ā€¢ La antedicha notificacioĢn personal al titular, se deberaĢ efectuar con al menos ocho diĢas de antelacioĢn, comunicando el diĢa y hora en que ha de levantarse el acta previa, publicaĢndose en los tablones oficiales del Ayuntamiento, en el BOE o diario oficial que proceda, y en perioĢdicos de la localidad o capital de provincia.
ā€¢ ExtensioĢn por un representante de la AdministracioĢn, un perito y el Alcalde o concejal delegado. Muchas veces, en las localidades pequenĢƒas, se lleva a cabo en las mismas oficinas de los ayuntamientos.
ā€¢ Pueden estar presentes el propietario, sus peritos y un notario; y el beneficiario. Normalmente, o en los supuestos que he podido estar presente, han estado siempre todos, exceptuaĢndose el notario.
ā€¢ QuedaraĢ descrito de forma pormenorizada el bien en cuestioĢn, reflejaĢndose todos los elementos de eĢl que sean uĢtiles para la valoracioĢn y los perjuicios derivados de una raĢpida ocupacioĢn como es la EF URGENTE.

DepoĢsito previo a la ocupacioĢn.

Como se lleva a cabo el deposito previo, se llevaraĢ a cabo seguĢn las directrices dispuestas en la LEF, las cuales son:
ā€¢ Hoja formulada por la AdministracioĢn, en la que se formularaĢ la valoracioĢn de los bienes expropiados a efectos de indemnizacioĢn, incluiraĢ tambieĢn los posibles perjuicios derivados de la rapidez de la ocupacioĢn (tales como mudanzas, cosechas pendientes u otros gastos justificados). *El expropiado podraĢ realizar uĢnicamente alegaciones.
ā€¢ ConsignacioĢn en la Caja General de DepoĢsitos, que devengaraĢ el intereĢs legal a favor del propietario (art. 52.4 LEF Y 51 REF).
ā€¢ SeraĢ un cobro inmediato, renunciando a los intereses legales el expropiado.
ā€¢ CapitalizacioĢn de la renta estimada maĢs la indemnizacioĢn por perjuicios derivados de raĢpida ocupacioĢn.
6.3 OcupacioĢn
Para encontrar como se lleva a cabo la ocupacioĢn, es inescindible a la autorizacioĢn judicial en defecto de consentimiento para ocupacioĢn domiciliaria y de locales cerrados, con el auxilio de la fuerza puĢblica si preciso.

Fases de justiprecio y pago, regulacioĢn general.

Se lleva a cabo a partir de la ocupacioĢn del bien expropiado en que se inicia y tramita, de acuerdo con lo previsto en el reĢgimen general de la LEF, el expediente para la determinacioĢn y pago del justiprecio, con preferencia sobre otros.
Como vamos indicando reiteradamente a lo largo del trabajo, se trata de una praĢctica habitual para supuestos de EF de inmuebles en las obras puĢblicas, establecimiento de servicios puĢblicos o acciones urbaniĢsticas en general.

Derecho de revisiĆ³nĀ 

Toda operacioĢn de EF se justifica por la concurrencia de una causa de utilidad puĢblica o intereĢs social. Sin embargo, una vez tramitado todo el procedimiento y habieĢndose producido el traslado de la titularidad del bien o derecho expropiado al beneficiario, puede ocurrir que no se cumpla el fin previsto para la expropiacioĢn. En estos casos, la LEF preveĢ una uĢltima garantiĢa para los expropiados, a la que se denomina derecho de reversioĢn.
En base a este Derecho, se les permite recuperar la totalidad o parte de los bienes expropiados mediante el abono a su titular de una indemnizacioĢn correlativa al valor de los mismos (arts. 54 y 55 LEF).
ā€œArtiĢculo 54 1. En el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivoĢ la expropiacioĢn, asiĢ como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectacioĢn, el primitivo duenĢƒo o sus causahabientes podraĢn recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnizacioĢn que se determina en el artiĢculo siguiente.

No habraĢ derecho de reversioĢn, sin embargo, en los casos siguientes:
a) Cuando simultaĢneamente a la desafectacioĢn del fin que justificoĢ la expropiacioĢn se acuerde justificadamente una nueva afectacioĢn a otro fin que haya sido declarado de utilidad puĢblica o intereĢs social. En este supuesto la AdministracioĢn daraĢ publicidad a la sustitucioĢn, pudiendo el primitivo duenĢƒo o sus causahabientes alegar cuanto estimen oportuno en defensa de su derecho a la reversioĢn, si consideran que no concurren los requisitos exigidos por la ley, asiĢ como solicitar la actualizacioĢn del justiprecio si no se hubiera ejecutado la obra o establecido el servicio inicialmente previstos.
b) Cuando la afectacioĢn al fin que justificoĢ la expropiacioĢn o a otro declarado de utilidad puĢblica o intereĢs social se prolongue durante diez anĢƒos desde la terminacioĢn de la obra o el establecimiento del servicio.

Cuando de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de este artiĢculo proceda la reversioĢn, el plazo para que el duenĢƒo primitivo o sus causahabientes puedan solicitarla seraĢ el de tres meses, a contar desde la fecha en que la AdministracioĢn hubiera notificado el exceso de expropiacioĢn, la desafectacioĢn del bien o derecho expropiados o su propoĢsito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio.

En defecto de esta notificacioĢn, el derecho de reversioĢn podraĢ ejercitarse por el expropiado y sus causahabientes en los casos y con las condiciones siguientes:
a) Cuando se hubiera producido un exceso de expropiacioĢn o la desafectacioĢn del bien o derecho expropiados y no hubieran transcurrido veinte anĢƒos desde la toma de posesioĢn de aqueĢllos.
b) Cuando hubieran transcurrido cinco anĢƒos desde la toma de posesioĢn del bien o derecho expropiados sin iniciarse la ejecucioĢn de la obra o la implantacioĢn del servicio.
c) Cuando la ejecucioĢn de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran suspendidas maĢs de dos anĢƒos por causas imputables a la AdministracioĢn o al beneficiario de la expropiacioĢn sin que se produjera por parte de eĢstos ninguĢn acto expreso para su reanudacioĢn.

La competencia para resolver sobre la reversioĢn corresponderaĢ a la AdministracioĢn en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite aqueĢlla o a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiacioĢn, en su caso, titular de los mismos.

En las inscripciones en el Registro de la Propiedad del dominio y demaĢs derechos reales sobre bienes inmuebles adquiridos por expropiacioĢn forzosa se haraĢ constar el derecho preferente de los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derecho expropiados de acuerdo con lo dispuesto en este artiĢculo y en el siguiente, sin cuya constancia registral el derecho de reversioĢn no seraĢ oponible a los terceros adquirentes que hayan inscrito los tiĢtulos de sus respectivos derechos conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria.
ArtiĢculo 55 1. Es presupuesto del ejercicio del derecho de reversioĢn la restitucioĢn de la indemnizacioĢn expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolucioĢn del iĢndice de precios al consumo en el periĢodo comprendido entre la fecha de iniciacioĢn del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversioĢn. La determinacioĢn de este importe se efectuaraĢ por la AdministracioĢn en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversioĢn.

Por excepcioĢn, si el bien o derecho expropiado hubiera experimentado cambios en su calificacioĢn juriĢdica que condicionaran su valor o hubieran incorporado mejoras aprovechables por el titular de aquel derecho o sufrido menoscabo de valor, se procederaĢ a una nueva valoracioĢn del mismo, referida a la fecha de ejercicio del derecho, fijada con arreglo a las normas contenidas en el capiĢtulo III del TiĢtulo II de esta Ley.

La toma de posesioĢn del bien o derecho revertido no podraĢ tener lugar sin el previo pago o consignacioĢn del importe resultante conforme a los apartados anteriores. Dicho pago o consignacioĢn deberaĢ tener lugar en el plazo maĢximo de tres meses desde su determinacioĢn en viĢa administrativa, bajo pena de caducidad del derecho de reversioĢn y sin perjuicio de la interposicioĢn de recurso contencioso-administrativo. En este uĢltimo caso, las diferencias que pudieran resultar de la sentencia que se dicte deberaĢn, asimismo, satisfacerse o reembolsarse, seguĢn proceda, incrementadas con los intereses devengados al tipo de intereĢs legal desde la fecha del primer pago en el plazo de tres meses desde la notificacioĢn de la sentencia bajo pena de caducidad del derecho de reversioĢn en el primer supuesto.ā€

El derecho de reversioĢn es un Do, para el primitivo duenĢƒo o sus causahabientes, REFERENTE, respecto a otros derechos reales. El artiĢculo 69 REF preveĢ su aplicacioĢn incluso cuando los bienes hayan pasado a poder de terceros. Pero seguĢn dispone el descrito artiĢculo 54. 5 LEF, para que sea oponible es preciso que al inscribirlos en el Registro de la Propiedad se haya hecho constar tal derecho preferente de los posibles reversionistas.
SeguĢn ha manifestado el TC, no forma parte de la garantiĢa constitucional de la propiedad que establece el artiĢculo 33 CE, sino que corresponde al legislador establecerlo
*VeĢase la STC 166/1998 Y 67/1998, SSTS de 16 de diciembre de 1997.

Supuestos para ejercer el derecho de reversioĢn

Para proceder este derecho, dispone la propia LEF una serie de supuestos y circunstancias:

I) Cuando no se ejecuta la obra o no se establece el motivoĢ la expropiacioĢn.
II) Cuando, una vez realizada la obra o establecido el servicio, hay una parte sobrante de los bienes expropiados.
III) Desaparece la afectacioĢn. ĀæCuaĢndo no habraĢ derecho a la reversioĢn?

En los siguientes casos:
ā€¢ ProlongacioĢn de la afectacioĢn al fin originario o a otro de utilidad puĢblica, se prolonga efectivamente durante diez anĢƒos (ocho en las EF urbaniĢsticas).
ā€¢ Expresamente, en ocasiones: ejemplo, art. 5.3 de la Ley 7/1983, de expropiacioĢn de Rumasa: ā€œlas participaciones expropiadas no estaraĢn sujetas al derecho de reversioĢnā€.

Aspectos del reĢgimen juriĢdico del derecho de reversioĢn

El ejercicio de este derecho requiere la tramitacioĢn de un procedimiento
administrativo que resuelve la AdministracioĢn en cuya titularidad se encuentre el bien o derecho, que puede ser distinta de la expropiante.
El plazo de ejercicio, es de tres meses desde la notificacioĢn a los expropiados o sus causahabientes. Sin embargo, la situacioĢn maĢs habitual es que la AdministracioĢn no efectuĢe ninguna declaracioĢn expresa, ni notifique a los interesados la concurrencia de alguna de las causas de reversioĢn. Pasado ese plazo de caducidad, el derecho no puede ya ejercerse, pues se presume el consentimiento de los afectados, la LEF establece otros plazos especiales para el ejercicio de este derecho, tales como:
I) Exceso o expropiacioĢn o desafectacioĢn, en un plazo de 20 anĢƒos desde la toma de posesioĢn.
II) Falta de inicio de las obras o implantado el servicio que legitimoĢ la operacioĢn expropiatoria en el transcurso de 5 anĢƒos.
III) SuspensioĢn de obras o las actuaciones correspondientes para el establecimiento del servicio por causa imputable a la AdministracioĢn o al beneficiario, durante maĢs de 2 anĢƒos.
La legislacioĢn urbaniĢstica (art. 34 TRLS) contempla algunas reglas especiales sobre la reversioĢn.

Supuestos especiales de reversioĢn y retasacioĢn

Si se produce la alteracioĢn del uso que motivoĢ la expropiacioĢn de suelo por modificacioĢn o revisioĢn del instrumento de ordenacioĢn territorial y urbaniĢstica, da lugar
al derecho de reversioĢn, salvo que:
I) Uso dotacional puĢblico originario de la EF efectivamente implantado y mantenido 8 anĢƒos; o el nuevo uso asignado al suelo tambieĢn dotacional puĢblico.
II) EF para la formacioĢn o ampliacioĢn de un patrimonio puĢblico de suelo, si el nuevo uso es compatible con los fines de dicho PMS;
III) EF para la ejecucioĢn de una actuacioĢn de urbanizacioĢn.
IV) EF por incumplimiento de los deberes o no levantamiento de las cargas propias del reĢgimen aplicable al suelo conforme al TRLS 2008.
V) Supuestos residuales respecto a la LEF.
Respecto a las particularidades para la expropiacioĢn para actuaciones de urbanizacioĢn:
A) ReversioĢn, cuando se superar los diez anĢƒos desde la EF sin concluir la urbanizacioĢn.
B) RetasacioĢn, cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo, por una modificacioĢn del instrumento de ordenacioĢn territorial y urbaniĢstica no efectuada en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenacioĢn. AdemaĢs, que ello suponga un incremento de su valor conforme a los criterios aplicados en su expropiacioĢn. Nuevo valor es igual a la aplicacioĢn de los mismos criterios de valoracioĢn a los nuevos usos y edificabilidades. CorresponderaĢ al expropiado o sus causahabientes la diferencia entre dicho valor y el resultado de actualizar el justiprecio.
C) No procede la reversioĢn, cuando del suelo expropiado se segreguen su vuelo o subsuelo, siempre que se mantenga el uso dotacional puĢblico para el que fue expropiado.

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