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Ya hablamos sobre el delito de hurto en un art铆culo anterior. En este nos centraremos en el delito de hurto cualificado.

Los hurtos cualificados

El sistema espa帽ol ha contenido tradicionalmente una serie de hurtos que se consideran m谩s graves, a los que se denomina hurtos cualificados. Los motivos de la cualificaci贸n, no siempre admisibles, se pueden resumir en dos grupos, seg煤n la raz贸n:

  • La naturaleza del objeto sustra铆do.
  • Los efectos cognoscibles o previsibles de esta sustracci贸n.

El CP dispone que el hurto sea castigado con pena de prisi贸n de uno a tres a帽os cuando concurra alguna de las cualificaciones descritas en el art铆culo 235 CP:芦1. El hurto ser谩 castigado con la pena de prisi贸n de uno a tres a帽os:
1. Cuando se sustraigan cosas de valor art铆stico, hist贸rico, cultural o cient铆fico.
2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situaci贸n de desabastecimiento.
3. Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro el茅ctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestaci贸n de servicios de inter茅s general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
4. Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtenci贸n, siempre que el delito se cometa en explotaciones agr铆colas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.
5. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustra铆dos, o se produjeren perjuicios de especial consideraci贸n.
6. Cuando ponga a la v铆ctima o a su familia en grave situaci贸n econ贸mica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situaci贸n de desamparo, o aprovechando la producci贸n de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisi贸n impune del delito.
7. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este T铆tulo, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendr谩n en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
8. Cuando se utilice a menores de diecis茅is a帽os para la comisi贸n del delito.
9. Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organizaci贸n o grupo criminal que se dedicare a la comisi贸n de delitos comprendidos en este T铆tulo, siempre que sean de la misma naturaleza.

2. La pena se帽alada en el apartado anterior se impondr谩 en su mitad superior cuando concurrieran dos o m谩s de las circunstancias previstas en el mismo禄.

El valor art铆stico, hist贸rico, cultural o cient铆fico

La principal dificultad que incluye esta cualificaci贸n del hurto no reside solo en la inexorable exigencia de que el autor haya podido captar y querer, en t茅rminos de dolo, el valor de lo que sustra铆a 鈥揳unque, por supuesto, sin que sea necesaria una apreciaci贸n propia de un experto consumado鈥, sino en la imprecisi贸n misma de lo que merece esta cualificaci贸n. La respuesta no es sencilla.

La Constituci贸n espa帽ola, ante todo, proclama en el art铆culo 46 que los poderes p煤blicos tienen que garantizar la conservaci贸n y promover el enriquecimiento del patrimonio hist贸rico, art铆stico y cultural de los pueblos de Espa帽a y de los bienes que lo integran.

Consecuencia de esta declaraci贸n fue la Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio Hist贸rico Espa帽ol, que formula una descripci贸n gen茅rica de cosas que tienen en com煤n ser la aportaci贸n de Espa帽a a la cultura universal, y que son entre s铆 de las naturalezas m谩s variadas. Por otra parte, la Ley promete la realizaci贸n de cat谩logos, que en muchos territorios aut贸nomos todav铆a no se han hecho (esta es una competencia transferible a las autonom铆as). Y, por si no fuera bastante, es f谩cil comprender que la cualificaci贸n legal est谩 pensando en un valor que 芦sobrepase lo que es individual y subjetivo, y se integre en un sentimiento patrimonial colectivo禄, sin perjuicio de que la titularidad inmediata del bien pueda corresponder a alguien concreto. Pero no podemos olvidar que estamos ante delitos patrimoniales, es decir, con intereses de particulares como principales.

Es verdad que disponemos de una base legal, que se completa con normas supranacionales, como la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo (incorporada a nuestro derecho por la Ley 36/1994, de 23 de diciembre), sobre restituci贸n de bienes que hayan salido de manera ilegal de un estado de la Uni贸n Europea. Pero, aun as铆, no tenemos una respuesta normativa contundente para la precisi贸n de lo que tiene que merecer esta cualificaci贸n, relativamente elaborada para inmuebles (declaraciones, cat谩logos), pero bastante incompleta en materia de bienes muebles, que son precisamente los que aqu铆 interesan.

La Constituci贸n espa帽ola, ante todo, proclama en el art铆culo 46 que los poderes p煤blicos tienen que garantizar la conservaci贸n y promover el enriquecimiento del patrimonio hist贸rico, art铆stico y cultural de los pueblos de Espa帽a y de los bienes que lo integran.

En este estado de cosas, el int茅rprete se ve abocado a reconocer que se trata de elementos t铆picos confiados, al menos en parte, a la interpretaci贸n valorativa, incluso reconociendo que se dispone de una base legal abstracta y orientadora (la Ley del patrimonio hist贸rico).

Se ha propuesto que la condici贸n de bien mueble de valor hist贸rico art铆stico se tiene que reconocer a los que, de acuerdo con la ley, consten inscritos en alg煤n cat谩logo, inventario o registro, puesto que solo respecto de estos se producen deberes especiales y limitaciones de disposici贸n que son los que precisamente demuestran su particular valor y la mayor tutela penal. Pero, si se quieren evitar exclusiones injustificadas y conseguir una aut茅ntica adaptaci贸n a la realidad y al inter茅s que se quiere tutelar, creemos, sin embargo, que es suficiente con la condici贸n de ser un bien 芦inventariable o registrable禄, ante el riesgo de equivocaci贸n que comporta fiarse excesivamente de los cat谩logos reconocidos, ya que no se trata de cat谩logos ni cerrados ni completos.

Al valor hist贸rico, cultural o art铆stico 鈥損or cierto, lo art铆stico se propone como algo diferenciado de lo hist贸rico鈥, el C贸digo a帽ade el valor 芦cient铆fico禄, referencia que tanto se puede vincular al patrimonio arqueol贸gico, etnogr谩fico, documental y bibliogr谩fico (que tambi茅n se integra por ley en el patrimonio hist贸rico espa帽ol), como a cualquier objeto de inter茅s cient铆fico diferente de los expresados. De nuevo, el origen constitucional de la cualificaci贸n que comentamos nos tiene que llevar a optar por la primera de las interpretaciones, igual que cuando se habla del valor 芦art铆stico禄 es del todo inviable pretender incluir cualquier objeto que merezca la consideraci贸n de obra de arte por el solo hecho, por otra parte respetable, de poder estar en el mercado del arte.

La cualificaci贸n por el hecho de ser cosa de primera necesidad y se cause una situaci贸n de desabastecimiento

  1. Las cosas de primera necesidad

Cosas de primera necesidad muebles ciertamente son pocas en una situaci贸n normal, por lo cual el significado de este delito, unido a la condici贸n de que cause un grave desabastecimiento, llevan a la conclusi贸n de que estamos ante una interpretaci贸n obligadamente funcional y variable. Asimismo, no deja de sorprender que estemos ante un delito que, al menos en teor铆a, no afecta a intereses colectivos, como es el mercado m铆nimo para el abastecimiento de poblaciones, sino que es una cualificaci贸n del hurto. Pero el legislador, desde 1983, consider贸 que este tipo de atentados contra la propiedad (privada o colectiva) que pod铆an afectar a una generalidad de personas, no era impertinente en el marco de los delitos patrimoniales, opini贸n que ha mantenido desde entonces y que no deja de provocar una cierta perplejidad, no tanto por cuestiones sistem谩ticas, sino por un cierto desprecio de los bienes jur铆dicos afectados

2) El desabastecimiento

Nueva exigencia, introducida por la Reforma de 2015, que puede comprenderse porque la cualificaci贸n no tiene sentido si el consumo b谩sico ordinario no se ha visto afectado.

Las conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro el茅ctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestaci贸n de servicios de inter茅s general, y los productos agrarios o ganaderos, o los instrumentos o medios que se utilizan para su obtenci贸n.

Los n煤meros 3 y 4 del art铆culo 235 han sido introducidos con la Reforma de 2015, y con ellos se decide que es m谩s grave hurtar esos determinados objetos. La raz贸n que dio el legislador es que se trata de sucesos muy frecuentes, como si la frecuencia fuera una raz贸n determinante para aumentar las penas, pues si ese criterio se impusiera habr铆a que dar entrada a otros muchos estilos o modos de hurto. Si el hurto de cableado o de productos agr铆colas tiene especial gravedad, la respuesta no puede ser simplemente elevar las penas imponibles.

La 煤nica limitaci贸n que se establece es la referida a las consecuencias de la infracci贸n, que ha de ser la causaci贸n de un quebranto grave a estos o que se cometa en explotaciones agr铆colas o ganaderas caus谩ndoles un perjuicio grave. Pero sucede que esta dimensi贸n del tema ya est谩 contemplada en la cualificaci贸n siguiente, lo que hace que estas sean superfluas.

La especial gravedad por el valor de los objetos sustra铆dos o por la producci贸n de perjuicios de especial consideraci贸n

Cuando en 1983 se suprimieron las cuant铆as como criterios determinadores de las sucesivas cualificaciones del hurto, el robo con fuerza y los da帽os, el legislador sinti贸 la necesidad de compensar esta desaparici贸n con la incorporaci贸n de un tipo cualificado fundamentado en el alto precio de la cosa o el gran perjuicio causado, perjuicio que se ha de entender directamente econ贸mico, puesto que el que es de otra clase pertenece, te贸ricamente, al campo de la responsabilidad civil. Las cr铆ticas que despert贸 esta cualificaci贸n, pronto acusada de excesivamente discrecional, se intentaron salvar aduciendo que era mejor esto que el at谩vico sistema de cuant铆as y que, adem谩s, hab铆a que confiar en el criterio judicial, como pasa en los sistemas penales de nuestro entorno.

La jurisprudencia, sin embargo, no tard贸 en entender que la cualificaci贸n por el valor de la cosa hab铆a que situarla a partir del mill贸n de pesetas (STS de 15 de abril de 1991 [RJ 1991, 2732]; m谩s recientemente, STS de 12 de marzo de 1993 [RJ 1993, 2155] y 8 de mayo de 1995 [RJ 1995, 3568]), ya que esta cantidad se situaba muy por encima de la m谩s alta de las cuant铆as (cuando se segu铆a el sistema de cuant铆as), con lo cual proporcionaba un criterio 芦objetivo禄. Por otra parte, el grave perjuicio, que seguramente era la manera en que el legislador de 1983 quiso expresar el 芦valor funcional禄 de la cosa en raz贸n al servicio que prestaba al propietario (por ejemplo, las herramientas de trabajo de un relojero), fue traducida como el perjuicio material sufrido a consecuencia de la desposesi贸n, cosa que introdujo una cierta confusi贸n entre el perjuicio penalmente relevante para la integraci贸n del tipo cualificado y el perjuicio significativo para la determinaci贸n de la responsabilidad civil.

El legislador de 1995 mantuvo esta cualificaci贸n, con lo que los problemas que suscita se continuar谩n produciendo. Solo podemos recordar la necesidad de no caer en cuantificaciones objetivas fijadas por la jurisprudencia y de acudir a una valoraci贸n social de lo que en cada momento se considera gran valor.

Por lo que respecta al perjuicio 芦de especial consideraci贸n禄, lo 煤nico que hay que se帽alar es que nunca podr谩 ser el mismo que el valor objetivo de la cosa, y tampoco el de afecci贸n o el de futuro, o la p茅rdida de posibilidades de hacer por su causa, sino el perjuicio inmediato sufrido a consecuencia de la p茅rdida.

Provocaci贸n de una situaci贸n econ贸mica grave o abuso de las circunstancias personales de la v铆ctima

Esta sexta cualificaci贸n ha ampliado su descripci贸n con la Reforma de 2015. Actualmente, requiere que se ponga a la v铆ctima o a su familia en grave situaci贸n econ贸mica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situaci贸n de desamparo, o aprovechando la producci贸n de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisi贸n impune del delito.

Esta cualificaci贸n tiene cierta zona de superposici贸n con la segunda parte de la anterior cualificaci贸n (grave perjuicio causado). Procede, en esencia, de la reforma de 1983, con el matiz de que en esta, como en el art铆culo 516.4.o CP/1973, se alud铆a al 芦abuso de superioridad en relaci贸n con las circunstancias personales de la v铆ctima禄, lo cual, por cierto, era bastante m谩s comprensible que la f贸rmula ahora utilizada, que, sin embargo, obliga a acudir a una interpretaci贸n 芦hist贸rica禄 unida al abuso de superioridad.

La gravedad de la situaci贸n econ贸mica no se ha de interpretar como dejar a la v铆ctima en la condici贸n de pobre de solemnidad, sino simplemente lanzarla a un problema (previsible y aceptado por el autor) econ贸mico grave (pago de una n贸mina, devoluci贸n de un pr茅stamo hipotecario, por ejemplo). Sin duda, el aspecto m谩s problem谩tico de la cualificaci贸n viene dado por la exigencia de que sea conseguida por el dolo. Relajar esta condici贸n equivaldr铆a a confundir la cualificaci贸n con la responsabilidad civil.

En cuanto al elemento de 芦abuso de las circunstancias personales de la v铆ctima禄, hay que advertir que, incluso siendo aceptable el parecido con la agravante gen茅rica de abuso de superioridad, no es posible trasladar la totalidad de supuestos que tendr铆an cabida, dado que, cuando aparezca una presi贸n o conminaci贸n de car谩cter f铆sico o ps铆quico, estaremos en el 谩mbito del delito de robo intimidador. Por razones diferentes, tambi茅n se ha de excluir de tal cosa el aprovechamiento de la ignorancia o torpeza, pues esto seguramente dar铆a vida a un delito de estafa. Con esto, la cualificaci贸n quedar谩 reducida a los supuestos de inferioridad por raz贸n de la edad o de una condici贸n f铆sica que impide a la v铆ctima reaccionar.

Menos sentido tiene lo que puede tomarse como ampliaci贸n hecha en 2015: que el delito se haya cometido aprovechando la producci贸n de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisi贸n impune del delito. Siendo dos situaciones diferentes parecen referirse a escenarios en los que, ya sea la v铆ctima o la comunidad inmediata, est谩n afectadas por urgencias prioritarias, de lo que se aprovecha el autor.

Reincidencia

La cualificaci贸n por reincidencia que aqu铆 se describe es particularmente represora. La pena se cualificar谩, subiendo a la de uno a tres a帽os, cuando:

芦[…] al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este t铆tulo, siempre que sean de la misma naturaleza禄.

Esta regla va a permitir, si los tribunales no lo impiden, que un hecho que en el pasado solo hubiera sido constitutivo de una falta de hurto pueda llegar a ser penado hasta con cuatro a帽os de prisi贸n. Los que han decidido introducir tan brutal respuesta punitiva a buen seguro la justificar谩n en la necesidad de acabar 芦de una vez por todas禄 con la peque帽a delincuencia. Y ciertamente que embiste contra ella, pues al no distinguir entre delitos de hurto leves o no da lugar a que, en la pr谩ctica, la reiteraci贸n de hechos leves entre en la agravaci贸n aunque la suma de lo sustra铆do sea de muy poca entidad.

Hay alguna peque帽a v铆a paliativa: es preciso que la condena en sentencia sea firme en el momento de cometerse el nuevo delito, al menos, por otros tres del mismo cap铆tulo y se deja clara la exclusi贸n de los antecedentes cancelados o cancelables en tal momento. Tambi茅n es desafortunada la extensi贸n de la circunstancia a los delitos comprendidos en este t铆tulo, pues eso permite tomar en consideraci贸n hechos que ni social ni pol铆tico-criminalmente tienen nada que ver (extorsi贸n, estafas, da帽os, usurpaci贸n, insolvencias punibles, etc.) y, por eso mismo, no debieran reunirse para fundamentar una agravaci贸n de la pena. Esa consecuencia solo podr谩 evitarse negando la identidad de naturaleza.

Utilizaci贸n de menores

La Reforma 5/2010, empujada por una realidad criminol贸gica comprobada, incluy贸 la cualificaci贸n por empleo de menores de catorce a帽os. La Reforma de 2015, sin explicaci贸n alguna, ha decidido elevar la edad a diecis茅is a帽os. El legislador ha olvidado que el sentido de la limitaci贸n a catorce a帽os era, precisamente, porque se trataba de uso de personas que son absolutamente inimputables por no entrar en las previsiones de LO 5/2000 sobre responsabilidad penal de los menores. Al pasar a diecis茅is a帽os se producen problemas que no parecen haber sido meditados: los mayores de catorce a帽os responden personalmente por su conducta, y pueden ser sometidos a las medidas previstas en la legislaci贸n antes mencionada. Otro aspecto incomprensible es el extra帽o 芦vac铆o禄 que existe respecto de la utilizaci贸n de menores de dieciocho a帽os mayores de diecis茅is.

La palabra utilizaci贸n apunta a la autor铆a mediata, aunque el legislador deber铆a recordar que la autor铆a mediata exige que el 芦instrumento禄 sea inconsciente, lo cual no puede afirmarse por el solo hecho de que, por ejemplo, tenga trece a帽os. Si es as铆, se tratar谩 de casos de inducci贸n en los que el inducido puede no ser un instrumento, en sentido jur铆dico, pero que por raz贸n de la edad est谩 incluso fuera de la legislaci贸n de menores.

Quiere esto decir que si el 芦utilizado禄 fuera mayor de esa edad estar铆amos ante un supuesto de inducci贸n, en el que se separar铆a el tratamiento de la conducta del menor de edad penal y la del mayor de edad inductor. Lo que esta cualificaci贸n hace es describir una conducta que no puede ser en puridad una autor铆a mediata, sino un supuesto de inducci贸n a quien jur铆dicamente es inimputable o que puede responder con arreglo a la legislaci贸n penal de menores. La cualificaci贸n de la pena, fundada en comprensibles razones de prevenci贸n general y en inter茅s de los menores, podr谩 ser aplicada tanto en los casos que pudieran calificarse como autor铆as mediatas cuanto en aquellos otros en los que t茅cnicamente se est茅 ante una inducci贸n (a persona que no puede ser juzgada).

Organizaci贸n criminal

La 煤ltima de las cualificaciones se funda en la pertenencia del autor a una organizaci贸n o grupo criminal que se dedicare a la comisi贸n de delitos comprendidos en este t铆tulo, siempre que sean de la misma naturaleza. Lo cierto es que esta cualificaci贸n se superpone a la posibilidad de castigar aut贸nomamente la pertenencia a grupos u organizaciones criminales, con lo cual, o se propicia una infracci贸n del principio non bis in idem, o resulta tambi茅n una cualificaci贸n innecesaria.

Pluralidad de cualificaciones

El art铆culo 235.2 abre la posibilidad de aumentar a煤n m谩s las penas, que de por s铆 ya eran severas. La regla es que deber谩 imponerse la pena, que ya era cualificada, en su mitad superior, esto es, la prisi贸n de dos a帽os y un d铆a a tres a帽os. Es f谩cil suponer que para esta decisi贸n el legislador ha tenido en cuenta la consecuencia que ese marco penal produce en orden a la imposible suspensi贸n de la ejecuci贸n de la pena. Si se recuerda que las cualificaciones agravatorias operan por igual para los hurtos leves y los graves, la posible desproporci贸n de las consecuencias punitivas puede imaginarse.

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