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Delitos económicos

Delito de administración desleal de patrimonio ajeno

Quien administra un patrimonio ajeno (una sociedad, una herencia, una comunidad, los bienes de un familiar) tiene un deber de lealtad. Si se excede en sus facultades y causa un perjuicio, puede cometer un delito de administración desleal. Es habitual en conflictos entre socios y en empresas familiares.

Qué castiga el delito

El artículo 252 del Código Penal castiga a quien tiene facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, y las infringe excediéndose en su ejercicio, causando de esa manera un perjuicio al patrimonio administrado. No es necesario apropiarse de nada: basta con gestionar ese patrimonio de forma contraria al interés de su titular y causarle un daño económico.

Quién puede cometerlo

  • Administradores de sociedades que contratan consigo mismos o con empresas vinculadas en condiciones perjudiciales, se fijan retribuciones no aprobadas o descapitalizan la sociedad.
  • Apoderados que usan un poder general para disponer de bienes en su beneficio.
  • Albaceas y administradores de herencias que gestionan los bienes en perjuicio de los herederos.
  • Tutores, curadores y personas con medidas de apoyo que administran el patrimonio de una persona con discapacidad.
  • Administradores de comunidades de propietarios o de bienes.
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Penas

SupuestoPena
Perjuicio de hasta 400 euros (art. 252.2)Multa de 1 a 3 meses
Administración desleal (penas del art. 248)Prisión de 6 meses a 3 años
Con agravantes del art. 250 (más de 50.000 euros, abuso de credibilidad profesional, especial gravedad…)Prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses
Agravantes combinadas o más de 250.000 eurosPrisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses

Gestión arriesgada o delito

No toda mala decisión empresarial es delito. Un administrador puede equivocarse, asumir riesgos razonables o tomar decisiones que salen mal sin cometer ninguna infracción penal. El delito exige que se exceda de sus facultades y que lo haga con conocimiento del perjuicio que causa. Distinguir entre una gestión discutible, que se resuelve con la acción de responsabilidad mercantil, y una gestión desleal penalmente relevante es la clave de estos procedimientos.

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Vía penal o vía mercantil

Los socios y la sociedad perjudicados pueden ejercer la acción social o individual de responsabilidad contra el administrador ante el Juzgado de lo Mercantil, o presentar una querella si los hechos son delito. A veces conviene combinar ambas. Lo valoramos con nuestra área de empresa.

Cómo defendemos

  • Revisamos los estatutos, los acuerdos de la junta y los poderes para delimitar las facultades reales del administrador.
  • Encargamos un peritaje contable que explique cada operación y su justificación económica.
  • Analizamos si hubo autorización o ratificación de los socios.
  • Diferenciamos este delito de la apropiación indebida y de los delitos societarios, que tienen requisitos distintos.
¿Le ha pasado algo parecido?

Cuéntenos su caso: la primera consulta es gratuita y sin compromiso.

Preguntas frecuentes

¿Una mala gestión empresarial es delito?

No necesariamente. El delito exige excederse en las facultades de administración y causar conscientemente un perjuicio. Las malas decisiones dentro de las facultades se reclaman, en su caso, por la vía mercantil.

¿Qué diferencia hay con la apropiación indebida?

En la apropiación indebida el autor se queda con dinero o bienes concretos. En la administración desleal basta con gestionar el patrimonio en perjuicio de su titular, excediéndose en las facultades.

¿Puede un hermano que gestiona la herencia cometer este delito?

Sí, si administra los bienes comunes por encargo de los demás herederos o por designación del testamento y lo hace en su perjuicio, excediéndose de sus facultades.

¿Qué pena tiene la administración desleal de una sociedad?

La misma que la estafa: prisión de 6 meses a 3 años, y de 1 a 6 años con multa si el perjuicio supera los 50.000 euros o concurre otra agravante.

¿Quién puede denunciar?

La propia sociedad o persona perjudicada, los socios y, en general, cualquiera que tenga conocimiento de los hechos, aunque la acusación particular corresponde a los perjudicados.

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