¿Cuándo puede acordarse la expulsión de un extranjero en Mallorca?
El artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, permite imponer la expulsión del territorio español en lugar de la multa, tras un expediente administrativo y mediante resolución motivada, en estos casos:
- Encontrarse irregularmente en España: sin prórroga de estancia, sin autorización de residencia o con ella caducada desde hace más de tres meses sin haber pedido la renovación (art. 53.1.a).
- Trabajar sin autorización de trabajo cuando además no se tiene autorización de residencia válida (art. 53.1.b).
- La ocultación dolosa o falsedad grave al comunicar cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio, o en los datos del padrón (art. 53.1.c).
- Incumplir medidas de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento (art. 53.1.d), o participar en actividades contrarias al orden público calificadas como graves (art. 53.1.f).
- Cualquier infracción muy grave del artículo 54.
- Haber sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que en España sea delito castigado con pena de prisión superior a un año, salvo que los antecedentes penales estén cancelados (art. 57.2).
Multa y expulsión nunca pueden imponerse a la vez (art. 57.3). Las infracciones graves se sancionan con multa de 501 a 10.000 euros (art. 55.1.b), y la elección entre multa y expulsión debe razonarse caso por caso según el principio de proporcionalidad. Por eso es tan importante cancelar los antecedentes penales en cuanto sea posible y acreditar el arraigo de la persona.
Personas protegidas frente a la expulsión
Salvo en los supuestos más graves de seguridad nacional o reincidencia, el artículo 57.5 impide expulsar a:
- Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años.
- Los residentes de larga duración; aun cuando proceda su expulsión, la Administración debe valorar el tiempo de residencia, los vínculos, la edad y las consecuencias para la familia.
- Quienes fueron españoles de origen y perdieron la nacionalidad.
- Los beneficiarios de una incapacidad permanente por accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, de una prestación contributiva por desempleo o de ciertas prestaciones públicas de inserción.
La protección se extiende al cónyuge que haya residido legalmente más de dos años y a los ascendientes e hijos a cargo. Además, la expulsión no puede ejecutarse si vulnera el principio de no devolución o pone en riesgo la gestación o la salud de una mujer embarazada (art. 57.6).
Revisamos sus papeles y le decimos qué autorización encaja con su caso.
Procedimiento ordinario y procedimiento preferente
Procedimiento ordinario
Es la regla general. Tras el acuerdo de iniciación, la persona dispone de 15 días para presentar alegaciones, documentos y proponer prueba (art. 227 del Reglamento de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 1155/2024), y el periodo de prueba puede durar entre 10 y 30 días. Si se acuerda la expulsión, la resolución fija un plazo de cumplimiento voluntario de entre 7 y 30 días, prorrogable por circunstancias como hijos escolarizados o vínculos familiares (art. 63 bis LO 4/2000). En este procedimiento no cabe el internamiento.
Procedimiento preferente
Se aplica en los casos del artículo 63: condena penal del artículo 57.2, infracciones de seguridad pública u orden público y estancia irregular cuando hay riesgo de incomparecencia, se dificulta la expulsión o existe un riesgo para el orden público. Los plazos son muy cortos y no hay salida voluntaria.
| Trámite | Ordinario | Preferente |
|---|---|---|
| Alegaciones | 15 días | 48 horas |
| Prueba | Entre 10 y 30 días | Máximo 3 días |
| Salida voluntaria | De 7 a 30 días, prorrogable | No existe |
| Internamiento en CIE | No | Posible, con autorización judicial |
| Ejecución | Tras el plazo voluntario | Inmediata |
Detención e internamiento en un CIE
Durante el expediente pueden acordarse medidas cautelares: presentaciones periódicas, residencia obligatoria, retirada del pasaporte o detención cautelar de hasta 72 horas antes de pedir el internamiento (art. 61). El ingreso en un centro de internamiento de extranjeros solo puede acordarlo el juez de instrucción del lugar de la detención, oyendo al interesado y al fiscal, y no puede superar 60 días (art. 62). Los menores no pueden ser internados. Si le detienen, tiene derecho a abogado y a intérprete desde el primer momento: consulte nuestra guía sobre la asistencia al detenido.
Los plazos para recurrir son cortos: consúltenos cuanto antes.
Efectos de la expulsión: prohibición de entrada
La resolución de expulsión extingue cualquier autorización para permanecer en España y archiva los procedimientos de residencia o trabajo en curso (art. 57.4). Además, lleva aparejada una prohibición de entrada de hasta 5 años, que puede llegar a 10 si la persona supone una amenaza grave para el orden público, la seguridad o la salud pública (art. 58). En los expedientes por estancia irregular o trabajo sin autorización, si la persona sale de España durante la tramitación o dentro del plazo voluntario y lo comunica en la forma reglamentaria, no se impone la prohibición de entrada o se revoca (art. 58.2 y art. 244 del Reglamento).
Cómo defenderse de una expulsión en Baleares
- Alegar a tiempo y con pruebas: empadronamiento, contrato de alquiler, vínculos familiares, hijos escolarizados, ofertas de trabajo, cursos o informes de inserción. Son la base para defender que la expulsión es desproporcionada.
- Pedir asistencia letrada e intérprete, gratuitos si no tiene recursos suficientes (art. 22.2 LO 4/2000).
- Acreditar una solicitud previa de residencia: si antes del expediente ya había solicitado una autorización por arraigo u otras circunstancias excepcionales, la expulsión preferente por estancia irregular se suspende hasta que se resuelva esa solicitud (art. 63.6).
- Recurrir: la resolución puede impugnarse ante la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia competente, en Palma para las resoluciones de la Delegación del Gobierno en Illes Balears, mediante procedimiento abreviado y en el plazo de 2 meses (arts. 8.4, 46 y 78 LJCA). Si la ejecución es inminente, puede pedirse una medida cautelar urgente que el juez resuelve en 2 días (art. 135 LJCA).
- Protección internacional: formalizar una solicitud de asilo suspende la ejecución hasta su inadmisión o resolución (art. 64.5).
En el ámbito penal, el Código Penal prevé además que las penas de prisión de más de un año impuestas a un extranjero se sustituyan, con matices, por la expulsión (art. 89 CP). Cada situación exige estudiar a la vez el expediente administrativo, los antecedentes y las alternativas de regularización. Puede ampliar información en nuestra página de derecho de extranjería.
Cuéntenos su caso: la primera consulta es gratuita y sin compromiso.
Preguntas frecuentes
¿Me pueden expulsar solo por estar en situación irregular?
La estancia irregular es una infracción grave que puede sancionarse con multa o con expulsión. La Administración debe motivar por qué elige la expulsión y valorar la proporcionalidad, el arraigo y las circunstancias personales.
¿Cuánto tiempo tengo para presentar alegaciones?
En el procedimiento ordinario, 15 días desde la notificación del acuerdo de iniciación. En el preferente, solo 48 horas, por lo que conviene contactar con un abogado de inmediato.
¿Cuánto dura la prohibición de entrada?
Hasta 5 años con carácter general y hasta 10 en casos de amenaza grave para el orden público, la seguridad o la salud pública. Se extiende también a los Estados con los que España haya suscrito acuerdos en ese sentido.
¿Cuánto tiempo pueden tenerme en un CIE?
El internamiento debe autorizarlo un juez y no puede durar más de 60 días. Debe mantenerse solo el tiempo imprescindible para ejecutar la expulsión.
¿Puedo recurrir la orden de expulsión?
Sí. Cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses desde la notificación, y puede solicitarse la suspensión cautelar de la expulsión mientras se tramita.