Los deberes del administrador de una sociedad
Deber de diligencia
El administrador debe desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado empresario, con dedicación adecuada y adoptando las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad (art. 225 LSC). Tiene el deber de exigir y el derecho de recabar la información necesaria.
En las decisiones estratégicas y de negocio, la ley protege la discrecionalidad empresarial: se considera cumplido el deber de diligencia si actuó de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y con un procedimiento de decisión adecuado (art. 226). Equivocarse en un negocio no genera responsabilidad por sí solo; decidir sin información o con conflicto de interés, sí puede.
Deber de lealtad
El administrador debe obrar de buena fe y en el mejor interés de la sociedad (art. 227). Su infracción obliga no solo a indemnizar el daño, sino también a devolver el enriquecimiento injusto obtenido. En particular, debe abstenerse de (art. 229):
- Realizar transacciones con la sociedad, salvo operaciones ordinarias, en condiciones estándar y de escasa relevancia.
- Usar activos sociales o información confidencial con fines privados.
- Aprovechar oportunidades de negocio de la sociedad.
- Obtener ventajas o remuneraciones de terceros por razón del cargo.
- Competir con la sociedad por cuenta propia o ajena.
Este régimen es imperativo y los estatutos no pueden limitarlo (art. 230), aunque la sociedad puede dispensar casos singulares con los requisitos legales.
Las acciones de responsabilidad contra el administrador en Mallorca
El artículo 236 LSC establece que el administrador responde del daño causado por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por incumplir sus deberes, siempre que haya dolo o culpa. Que la junta haya aprobado o ratificado el acto no le exonera, y la responsabilidad alcanza también al administrador de hecho: quien ejerce las funciones sin nombramiento válido o aquel bajo cuyas instrucciones actúan los administradores formales.
| Acción | Quién la ejercita | Para qué | Norma |
|---|---|---|---|
| Acción social | La sociedad, previo acuerdo de la junta; subsidiariamente la minoría y los acreedores | Reparar el daño causado al patrimonio social | Arts. 238 a 240 |
| Acción individual | Socios o terceros | Reparar el daño causado directamente a su patrimonio | Art. 241 |
| Responsabilidad por deudas | Los acreedores | Cobrar las deudas sociales posteriores a la causa de disolución | Art. 367 |
Acción social
La ejercita la sociedad previo acuerdo de la junta general, que puede adoptarse a solicitud de cualquier socio aunque no figure en el orden del día; el acuerdo de promoverla destituye a los administradores afectados (art. 238). Los socios con el porcentaje necesario para pedir la convocatoria de la junta pueden ejercitarla si la sociedad no lo hace, y directamente si se basa en la infracción del deber de lealtad (art. 239). Los acreedores pueden ejercitarla cuando ni la sociedad ni los socios lo hayan hecho y el patrimonio social sea insuficiente para cobrar (art. 240).
Acción individual
Protege a socios y terceros que sufren un daño directo por actos de los administradores (art. 241). Es la vía habitual cuando, por ejemplo, el administrador vacía la sociedad para no pagar a un proveedor concreto. Hay que acreditar el acto ilícito, el daño directo y la relación de causalidad.
Todos los miembros del órgano que adoptaron el acuerdo lesivo responden solidariamente, salvo quienes prueben que no intervinieron y lo desconocían o que se opusieron expresamente (art. 237).
Le asesoramos antes de que el conflicto crezca.
Responsabilidad por las deudas: la causa de disolución
Es el supuesto más frecuente en la práctica. La sociedad debe disolverse, entre otras causas, por cese en la actividad (se entiende producido tras más de un año de inactividad), por paralización de sus órganos o por pérdidas que dejen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, salvo que proceda el concurso (art. 363 LSC).
- Cuando concurre la causa, los administradores deben convocar la junta en dos meses para que acuerde la disolución o las medidas para remover la causa (art. 365).
- Si la junta no se celebra o no adopta el acuerdo, deben solicitar la disolución judicial en dos meses (art. 366).
- Si incumplen, responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores a la causa de disolución, y se presume que las deudas reclamadas son posteriores salvo prueba en contrario (art. 367).
No responden si en esos dos meses comunican al juzgado la apertura de negociaciones para un plan de reestructuración o solicitan el concurso (art. 367.3). En situación de insolvencia, además, el deudor debe pedir el concurso en los dos meses siguientes a conocerla (art. 5 del Texto Refundido de la Ley Concursal); si el concurso se califica culpable, los administradores pueden ser condenados a cubrir el déficit (art. 456).
Cómo protegerse como administrador de una empresa en Mallorca
- Formular las cuentas anuales en tres meses desde el cierre y depositarlas puntualmente (arts. 253 y 279 LSC): permiten detectar a tiempo las pérdidas.
- Documentar las decisiones relevantes con la información que las justifica.
- Abstenerse y dejar constancia en caso de conflicto de interés.
- Oponerse expresamente, por escrito, a los acuerdos que considere ilícitos.
- Reaccionar en dos meses ante una causa de disolución o una insolvencia.
- Valorar un seguro de responsabilidad civil de administradores.
Cuando la conducta es grave, puede haber además responsabilidad penal, por ejemplo por administración desleal u otros delitos societarios. Las demandas se tramitan ante la sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Palma. Antes de demandar hay que intentar, con carácter general, un medio adecuado de solución de controversias (art. 5 de la Ley Orgánica 1/2025). Asesoramos tanto a administradores como a socios y acreedores; más información en nuestra área de derecho mercantil y sobre sociedades.
Cuéntenos su caso: la primera consulta es gratuita y sin compromiso.
Preguntas frecuentes
¿Puede un administrador responder con su patrimonio personal?
Sí, si causa daños por actos contrarios a la ley, los estatutos o sus deberes, o si no promueve la disolución cuando concurre una causa legal, en cuyo caso responde de las deudas sociales posteriores.
¿Qué es el administrador de hecho?
Quien ejerce de facto las funciones de administrador sin nombramiento válido, o la persona bajo cuyas instrucciones actúan los administradores formales. Responde igual que un administrador de derecho.
¿En qué plazo prescribe la acción contra el administrador?
A los cuatro años desde el día en que pudo ejercitarse, tanto la acción social como la individual (art. 241 bis LSC).
¿Le exime que la junta haya aprobado su actuación?
No. La aprobación, autorización o ratificación por la junta del acto lesivo no exonera de responsabilidad, y aprobar las cuentas tampoco impide ejercer la acción social.
¿Responde un consejero que votó en contra?
No, si prueba que se opuso expresamente al acuerdo o que, sin intervenir en él, lo desconocía o hizo todo lo conveniente para evitar el daño.