Disolución, liquidación y extinción: tres fases distintas
Es habitual hablar de «disolver» una sociedad como si fuera un único trámite, pero la ley distingue tres momentos. La disolución es el acuerdo o el hecho que pone fin a la actividad normal de la empresa. La liquidación es el periodo en el que se venden los bienes, se cobran los créditos y se pagan las deudas. La extinción es el final jurídico: la sociedad desaparece del Registro Mercantil. Durante la liquidación la sociedad conserva su personalidad jurídica y debe añadir a su nombre la expresión «en liquidación» (art. 371 LSC).
Si todavía está pensando en la estructura de una nueva empresa, puede consultar nuestra guía para crear una sociedad limitada, donde explicamos cómo prever en los estatutos y en el pacto de socios qué ocurre si el proyecto termina.
Causas de disolución de una sociedad limitada
Disolución de pleno derecho
Algunas causas operan automáticamente, sin necesidad de acuerdo: el transcurso del plazo de duración fijado en los estatutos o la apertura de la fase de liquidación en un concurso de acreedores (arts. 360 y 361 LSC). La simple declaración de concurso, en cambio, no disuelve la sociedad por sí sola.
Causas legales y estatutarias
El artículo 363 LSC enumera las causas que obligan a disolver, entre otras:
- El cese en la actividad que constituye el objeto social; se entiende producido tras más de un año de inactividad.
- La conclusión de la empresa o la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
- La paralización de los órganos sociales, por ejemplo cuando dos socios al 50 % están bloqueados y la junta no puede funcionar.
- Las pérdidas que dejen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, salvo que se aumente o reduzca el capital y siempre que no proceda solicitar el concurso.
- Cualquier otra causa prevista en los estatutos.
En una sociedad limitada, el acuerdo de disolución por estas causas se adopta por mayoría ordinaria: la mayoría de los votos válidos, siempre que represente al menos un tercio de los votos de todo el capital (arts. 364 y 198 LSC).
Disolución voluntaria
Los socios también pueden decidir cerrar sin que exista causa legal, por «mero acuerdo» de la junta. En ese caso se exige la mayoría prevista para modificar los estatutos: más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital (arts. 368 y 199 LSC).
Le asesoramos antes de que el conflicto crezca.
El plazo de dos meses de los administradores
Cuando concurre una causa legal o estatutaria, los administradores deben convocar la junta en el plazo de dos meses para que acuerde la disolución o adopte las medidas para eliminar la causa (art. 365 LSC). Si la junta no se celebra o no adopta el acuerdo, deben solicitar la disolución judicial en otros dos meses (art. 366 LSC). En Mallorca, esa solicitud corresponde a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Palma, competente para toda la provincia.
El incumplimiento tiene una consecuencia muy seria: los administradores responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores a la causa de disolución, y la ley presume, salvo prueba en contrario, que las deudas reclamadas judicialmente son posteriores (art. 367 LSC). Esta responsabilidad no se aplica si, dentro de ese plazo, la sociedad solicitó el concurso de acreedores o comunicó al juzgado la apertura de negociaciones para un plan de reestructuración (arts. 365.3 y 367.3 LSC). Cuando además ha habido actos de vaciamiento patrimonial, el riesgo puede ser también penal, como explicamos en nuestra guía sobre administración desleal.
La liquidación de la sociedad paso a paso
- Nombramiento de liquidadores. Salvo disposición distinta de los estatutos o de la junta, los administradores se convierten en liquidadores (art. 376 LSC) y cesa su poder como administradores (art. 374 LSC).
- Inventario y balance inicial. En los tres meses siguientes a la apertura de la liquidación deben formular un inventario y un balance referidos al día de la disolución (art. 383 LSC).
- Operaciones de liquidación. Concluir las operaciones pendientes, cobrar créditos, vender los bienes y pagar las deudas (arts. 384, 385 y 387 LSC), informando periódicamente a socios y acreedores (art. 388 LSC).
- Balance final. Terminadas las operaciones, someten a la junta un balance final, un informe completo y un proyecto de reparto del activo. Los socios que no votaron a favor pueden impugnar el acuerdo en dos meses (art. 390 LSC).
- Pago a los socios. Solo después de pagar a los acreedores o de consignar sus créditos se reparte la cuota de liquidación, en principio en dinero y en proporción a la participación de cada socio (arts. 391 a 394 LSC).
Si la liquidación se alarga más de tres años sin someter el balance final a la junta, cualquier socio o interesado puede pedir la sustitución de los liquidadores (art. 389 LSC).
Lo revisamos para que no haya sorpresas.
Extinción y cancelación en el Registro Mercantil de Palma
Los liquidadores otorgan la escritura pública de extinción, en la que declaran que ha pasado el plazo de impugnación del balance, que se ha pagado o consignado a los acreedores y que se ha satisfecho a los socios su cuota. La escritura incorpora el balance final y la relación de socios, y su inscripción en el Registro Mercantil cancela todos los asientos de la sociedad (arts. 395 y 396 LSC).
| Fase | Plazo o requisito clave | Artículo LSC |
|---|---|---|
| Convocar la junta tras la causa de disolución | 2 meses | 365 |
| Pedir la disolución judicial si la junta no la acuerda | 2 meses | 366 |
| Inventario y balance inicial | 3 meses desde la apertura de la liquidación | 383 |
| Impugnar el balance final | 2 meses desde el acuerdo | 390 |
| Sustitución de liquidadores por demora | 3 años sin balance final | 389 |
Deudas y bienes que aparecen después
La cancelación registral no borra las deudas pendientes. Los antiguos socios responden solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que recibieron como cuota de liquidación, y los liquidadores responden de los perjuicios causados con dolo o culpa (arts. 397 y 399 LSC). Si aparecen bienes después, los liquidadores deben repartir la cuota adicional entre los antiguos socios (art. 398 LSC).
Mientras no haya comenzado el pago de la cuota de liquidación, la junta puede acordar la reactivación de la sociedad si ha desaparecido la causa de disolución y el patrimonio contable no es inferior al capital (art. 370 LSC). No cabe reactivar una sociedad disuelta de pleno derecho.
¿Disolver la sociedad o solicitar el concurso en Mallorca?
La liquidación ordinaria solo funciona si la sociedad puede pagar a todos sus acreedores. Si no puede, lo que procede no es una liquidación «amistosa», sino el concurso, y retrasarlo agrava la exposición de los administradores. En Castell Abogados revisamos las cuentas, identificamos la causa de disolución, fijamos el calendario y redactamos los acuerdos y escrituras para que el cierre sea limpio. Puede ver todos nuestros servicios de derecho mercantil en Mallorca.
Cuéntenos su caso: la primera consulta es gratuita y sin compromiso.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tengo para disolver la sociedad si hay pérdidas graves?
Los administradores deben convocar la junta en los dos meses siguientes a conocer la causa de disolución. Si la junta no la acuerda, tienen otros dos meses para solicitar la disolución judicial.
¿Responden los socios de las deudas de la sociedad disuelta?
Como regla no, pero tras la extinción los antiguos socios responden solidariamente de las deudas no pagadas hasta el importe que recibieron como cuota de liquidación.
¿Puede ser liquidador el mismo administrador?
Sí. Salvo que los estatutos o la junta digan otra cosa, los administradores quedan convertidos automáticamente en liquidadores al disolverse la sociedad.
¿Qué pasa si la sociedad no tiene dinero para pagar a sus acreedores?
La liquidación ordinaria exige pagar o consignar los créditos antes de repartir nada a los socios. Si no hay activo suficiente, normalmente hay que acudir al concurso de acreedores.
¿Se puede dar marcha atrás tras acordar la disolución?
Sí, mediante la reactivación, siempre que haya desaparecido la causa, el patrimonio contable no sea inferior al capital y no se haya empezado a pagar la cuota de liquidación. No es posible en los casos de disolución de pleno derecho.